A través de un comunicado público, el directorio regional y comunal del Colegio de Profesores expresó su malestar ante una supuesta persecución laboral y sindical de la que estaría siendo objeto el presidente regional del gremio, Julián Mancilla, por parte de la Corporación Municipal.
La acusación, que significó la apertura de una investigación sumaria, se funda en que durante el período de matrícula, Mancilla cobró $ 10.000 a los apoderados, hecho que no es permitido por la ley cuando se trata de un establecimiento municipal.
En su oportunidad el dirigente afirmó que esa suma habría sido acordada por los mismos padres de la escuela para poder realizar las diversas actividades durante el año.
“Dicha investigación, además, adolece de una serie de vicios en sus procedimientos y lo único que persigue es denostar tanto la calidad profesional como la idoneidad gremial de nuestro dirigente”, consigna el documento.
“Queremos dar a conocer  nuestro rechazo absoluto a este tipo de prácticas, que no  son ejemplo de la democracia en  que vivimos, o  ¿es acaso un delito que padres y apoderados  realicen un aporte  voluntario  como apoyo hacia sus propios hijos? (…)  o ¿es acaso un delito denunciar que la gestión de la corporación es deficiente?”, agrega el escrito.
Finalmente, la directiva afirmó que esta medida adoptada por el secretario interino de la Corporación Municipal es de “revanchismo”.