Más de mil solicitudes de información ha recibido el INE a través del sistema de Transparencia y Acceso de la Información desde que se iniciara en abril de 2009. La entrega de bases de datos gratuitas a entidades académicas y sin fines de lucro representa un tercio de estos requerimientos. Por su parte, la cartografía digital o impresa, representa el 28%. A nueve meses de funcionamiento, 100% de las solicitudes fueron gestionadas satisfactoriamente, a través de la Unidad de Comercialización, quien se encarga no sólo de dar respuestas, sino además, guiar a los usuarios para obtener la información necesaria a sus requerimientos.
La implementación de la Ley 20.285 requirió de la definición de costos de reproducción: $ 800 por información digital y $ 25 por fotocopia para estudiantes.
La iniciativa fue implementada con la finalidad de aumentar los mecanismos de los ciudadanos para acceder a información pública. Cabe precisar que cualquier persona –sin expresión de causa– puede acceder a las encuestas del INE, tales como: primera encuesta a las pequeñas y medianas empresas 2006, censo de población y vivienda, Encuesta Industrial Anual, Encuesta Nacional de Empleo, Censo Nacional Agropecuario, entre otras.
Bartolomé Payeras, encargado de dar respuesta a las solicitudes de transparencia, afirma que el volumen de solicitudes ha sido mayor al esperado y que la calidad profesional del equipo, junto a su compromiso institucional, ha posibilitado adaptarse a las demandas ciudadanas.
La Ley N° 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige a los organismos del Estado y autónomos como las municipalidades, publicar y actualizar mensualmente en sus sitios Web información sobre su estructura orgánica; facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; planta del personal, a contrata y a honorarios con las correspondientes remuneraciones, entre otros datos. Además, los ciudadanos pueden solicitar información relacionada con el contenido de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, salvo algunas excepciones que contempla la ley.