La pesquera local “Comercial Marina”, cesó sus actividades sin previo aviso y dejó al menos a cinco personas con sueldos impagos desde agosto del año pasado. Los propietarios de dicha empresa no se han presentado a los comparendos ante la Inspección del Trabajo, dejando sin solución a sus empleados.
Desamparada y afligida se encuentra la madre de cuatro hijos, Mónica Ríos, que desde agosto del año pasado se encuentra con su remuneración impaga, al igual que cuatro de sus colegas.
Mónica Ríos se desempeñaba como operadora de la pesquera “Comercial Marina”, ubicada en calle Cirujano Videla número 358. Por estos días, la empresa estaría sin actividad y sin una versión oficial de los hechos, ya que los dueños de dicha piscícola estarían inubicables, desde el momento en que la trabajadora interpuso acciones legales en contra de sus empleadores.
A diferencia de otras ocasiones, Ríos señaló que “ella siempre quedaba debiendo, siempre se atrasaba en pagar, pero al final cancelaba”.
“Sólo a mí, según los cálculos de la Inspección del Trabajo, se me adeudan cerca de 2 millones de pesos, en concepto de sueldos e indemnizaciones. Ni siquiera puedo cobrar mi seguro de cesantía, porque tampoco estaba cubierto por mi empleador”, dijo molesta Ríos.
La afectada fue a inspección del trabajo, donde le dieron hora a ambas partes (empleador y empleado), para reunirse y zanjar el tema por la vía del diálogo. Sin embargo, ni Marina Ojeda, propietaria de la pesquera, ni Juan Aguilar, representante legal de la empresa, se presentaron.
“Yo tengo cuatro niños y esperaba que ella (Marina Ojeda), me cancelara algo antes de Navidad, pero no fue así. Si no fuera por algunas personas que me han ayudado en todo este tiempo, yo no habría tenido que darle a mis hijos”, señaló entre lágrimas Ríos.
Por su parte, Francisco Parada, director (s) de la Dirección del Trabajo, referido a esta situación, indicó que “el contrato de trabajo estipula obligaciones entre las partes contratantes, por un lado el trabajador se compromete a prestar un servicio y por el otro, el empleador a cancelar las remuneraciones”, por lo que hace un llamado a los trabajadores a hacer respetar sus derechos.
Parada indica que en los casos en que el empleador se rehúsa a pagar, se deriva la causa a la justicia, ya que es ahí donde existen más facultades para tratar este tipo de eventos. “Hay situaciones que se escapan a lo normal cuando los empleadores no son ubicables.