El Presidente Sebastián Piñera ha anunciado un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Un periodista de Los Angeles Times que me entrevistó (Daniel Hernández, 5 de marzo 2010), me pregunta si este plan de reconstrucción no será la oportunidad para que Piñera le entregue la tarea al sector privado, más que al Estado. La pregunta es muy penetrante, porque hace pensar que frente al drama humano y la necesidad económica urgente, el terremoto crea el gran espacio para reintroducir una agenda privatizadora más agresiva que permaneció contenida los 20 años de centro izquierda en gobierno. El ajuste estructural a las economías en 80 del siglo pasado, el cual Chile empieza a aplicar después de la crisis del 82, suponía como condición un ajuste permanente y regulado de acuerdo a su evolución. Su eje principal es la privatización de la economía y la reducción del Estado a un nivel máximo de funcionamiento en la gestión de la economía. Se podría decir el Estado en un punto 0 como agente económico, para rentabilizar al máximo la energía del libre mercado. El rol de regulador del Estado se concibe en este plano, como funcional a maximizar esa rentabilidad. Los nichos de desproporción o desigualdad que se van creando en la aplicación de esta economía política, deberían ser asumidos en forma compartida entre Estado y sector privado, pero nunca concebir al Estado en el rol de gestor económico y protector social clave que tenía antes de 1980. Fue una revolución económica y política, o un terremoto, cuyos efectos recién se pudieron palpar en forma más cruda en la crisis de 2008 y  que continúan brotando. Frente a la crisis, el Grupo de los 8 y el Grupo de los 20, que de alguna forma rigen la economía política, sostienen que hay que elevar las tasas de crecimiento de los países, (el mismo problema de la crisis de los 70 y 80 del siglo pasado) y que para eso: se debe estimular más agilidad en la inversión interna e internacional; reducir la inflación mundial por el tema de la distorsión en el sistema cambiario; pero fundamentalmente inyectar más liquidez al sistema productivo y financiero para aumentar la demanda interna en los países. En suma, economías con más liquidez, pero de una liquidez “sana”, sin compromisos de deudas atrasadas, tóxicas como llaman algunos,  o fatigadas por exceso de tráfico en el sistema especulativo. ¿De dónde proviene esa liquidez nueva con un aparente  0 kilómetro? Aplicando los principios básicos del ajuste en cuanto a la privatización total de los bienes y recursos que exhiben los países en poder del Estado. El concepto de recursos estratégicos en poder de los Estados de las naciones es anticuado respecto a esta filosofía de recuperar el vigor económico hacia el crecimiento. Lo que se necesita para salir de la crisis y el estancamiento, es la recuperación o incorporación de una liquidez cuya optimización hasta el momento está obstaculizada por la interferencia o la propiedad del estado. El actual agenciamiento del estado de esta fábrica de liquidez,  forma parte de la crisis económica de acuerdo a los teóricos  del ajuste  estructural de los 80, que están en plena vigencia en Chile y otros países. Piñera y miembros de su gobierno han manifestado ser fieles reproductores del ajuste y manifiestan abiertamente la lógica de privatización de recursos que no están rentabilizados. Los gobiernos de la Concertación si bien continuaron aplicando algunos aspectos de la doctrina del ajuste, contuvieron en parte la privatización de recursos y bienes del Estado  y la reducción del Estado hasta el punto 0 para agenciar la economía. Por los anuncios, y por la posibilidad de que la reconstrucción sea encargada al sector privado, se observa el propósito de convertir al  Estado en un punto 0 como agente económico, para así poder rentabilizar al máximo la energía del libre mercado.