El concejal socialista Mario Pascual trató ayer de explicar que el hecho de ser contratado por la Corporación Municipal de Punta Arenas no va a interferir con su desempeño como concejal de la comuna, siendo que una de sus principales labores al interior del municipio es,... precisamente, fiscalizar los actos de la entidad comunal.
La encargada del programa de integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales, Margarita Navarro, le ofreció al sicólogo trabajar media jornada por un año con un sueldo de
$ 600.000 mensuales, suma que al parecer no es muy valorada por Pascual, puesto que aseguró que podría ganar  mucho más trabajando en otras entidades, pero “su fuerte vocación de servicio” lo habría llevado a aceptar la oferta, sin importar el conflicto de interés que se produce.
“Tenía tres ofrecimientos más. Uno del área salud y otras de empresas privadas que no viene al caso mencionar, y me pareció que donde más podía aportar como profesional a mi comuna, a los niños y a las niñas, era en este proyecto”, manifestó la autoridad.
Las críticas de sus colegas, que estiman como inaceptable y una conducta lejana a la ética que haya aceptado trabajar para la misma entidad a la que debe evaluar su rectitud, austeridad y desempeño, fueron desestimadas por Pascual, invitándolos, incluso, a elevar el nivel de la discusión.
“No voy a caer en ese juego porque la discusión hay que elevarla. Me parece que en Punta Arenas la discusión política es chabacana. No hemos hablado de educación, hablamos de la corporación que es algo muy distinto al tema de la educación en Chile”, dijo el concejal.
Pero su discurso no sólo derivó hacia sus colegas, sino que también tuvo reproches hacia la intendenta Liliana Kusanovic, a quién sí acusó de tener conflictos de intereses. “Hay designada una intendenta que tiene claramente conflicto de intereses respecto de lo que son sus propiedades. Tenemos dos gobernadores que son empresarios en Natales y en Porvenir y no he escuchado a nadie cuestionar esos nombramientos”, agregó.
Legalidad
El abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades, Armando Aravena, explicó que la ley prohibe que concejales se desempeñen en corporaciones dependientes del municipio, sin embargo, hay una excepción que no sancionaría la labor de Pascual.
“La regla prohíbe salvo cuando los concejales se integran a labores en el área de Educación y que no los conviertan en directivos. Este caso está dentro de la excepción”, aseguró el profesional.
El artículo número 75 de la Ley Orgánica de Municipalidades se refiere a este escenario. No obstante, Aravena afirmó que aconsejó a la municipalidad verificar con la Contraloría cada una de las situaciones que se presenten.
Según trascendidos, la reunión de la Comisión de Educación del municipio que citó el alcalde Vladimiro Mimica para conocer la realidad financiera de la entidad comunal, podría no efectuarse, puesto que algunos concejales exigen que el encuentro quede grabado y con acta, algo que ocurriría sólo si se llama a sesión