Actualmente, la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal están siendo investigadas por la Contraloría regional y por la fiscalía, debido a tres hechos puntuales que, al parecer, no se habrían efectuado acorde a la ley.
Se trata de la adquisición de los buses amarillos, los cuales el alcalde de la comuna, Vladimiro Mimica Cárcamo, asegura fueron donados por una entidad sin fines de lucro estadounidense, pero que los costos de flete habrían sido US$ 100.000 más que las cotizaciones de algunos concejales por el mismo servicio.
El otro sumario está buscando posibles responsabilidades en el pago del autobono efectuado por el secretario (i) de la Corporación Municipal, Hermes Hein, y otros tres funcionarios de la entidad.
A su vez, la fiscalía está indagando la demanda que efectuó el concejal Mario Pascual, ante una posible apropiación indebida por parte de la entidad, ya que ésta descontó las cotizaciones de los profesores sin cumplir con su cancelación en las empresas correspondientes.
Los resultados de estas tres indagaciones pueden ser decisivos para el edil, ya que se podría confirmar un notable abandono de deberes y, como consecuencia, no se descartaría su destitución.
“Dependiendo de la respuesta de la Contraloría y de la justicia, no es descartable una acusación por abandono de deberes. Pero insisto que debe ser un resultado claro y contundente”, manifestó el concejal Roberto Sahr.
Si algunas de estas dos instituciones resolviera que efectivamente se actuó de manera negligente, un mínimo de tres concejales podría presentar la acusación de notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral, quienes en última instancia decidirían si corresponde la destitución de la máxima autoridad de la comuna.
Por esta razón, no basta con que los concejales consideren que existió irregularidad en alguno de los actos de Mimica, sino que debe ser probado por los organismos competentes.
“Difícilmente me puedo aventurar a los resultados de los sumarios, pero se espera con expectación el pronunciamiento y también esperamos que sea pronto, porque ya ha transcurrido harto tiempo”, estimó José Saldivia.
Asimismo, afirmó que son temas engorrosos y difíciles de resolver, por lo que “mi obligación es actuar según los resultados que sean emitidos por la contraloría y la fiscalía, no antes”.
Incluso, el concejal aseguró que es tan delicada la realidad que está atravesando la comuna respecto de su corporación y en base a algunas decisiones del edil, que “hay instituciones del Estado que deben tener un pronunciamiento. Sobre todo, las que fiscalizan irregularidades”, dijo Saldivia.
Aún no hay claridad respecto de la fecha en que la Contraloría y la fiscalía van a emitir el resultado de sus respectivas investigaciones, no obstante, Sahr aseveró que “nunca hay que descartar nada, si hay una prueba de abandono de deberes, hay que proceder”, puntualizó.