Una querella presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de Juan Carlos Araneda Ruiz y Belinda Mac Ley Coop, y de quienes resulten responsables de los delitos que establece la Ley de Capacitación y Empleo, por cobros millonarios que se habrían hecho al Sence... debido a cursos que nunca se dictaron.
Por el fisco de Chile, la acción jurídica la entabló el abogado procurador fiscal de Punta Arenas del Consejo de Defensa del Estado, Michael Wilkendorf Simpfendorfer, basado en que “la sociedad de responsabilidad limitada Servicios Mac Leay Limitada (Sermac), constituida, entre otros socios, por Belinda Ann Mac Leay Coop, quien actúa como representante legal de la misma, del giro recursos humanos y seguridad privada, recibió del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), un subsidio equivalente a la suma de $ 3.751.000, de los cuales $ 3.233.500, correspondían a bonificación por costos de enseñanza y $ 517.000, por costo de formación de aprendices”.
Según la querella, la cantidad indicada debía destinarse a la capacitación de 10 trabajadores para el curso “Formación de Guardia de Seguridad”, dinero que fue depositado en la cuenta corriente de Sermac en dos pagos, el primero de ellos por la suma de $ 3.233.500 y la segunda por $ 517.000 (el 26 de junio de 2007).
Para acceder a estos beneficios la empresa tenía que cumplir varios requisitos, como capacitar a empleados que trabajaran directamente con ellos, que el contrato de aprendizaje fuera a plazo fijo, con una duración mínima de seis meses y la remuneración no podía ser inferior a un ingreso mínimo mensual.
Para estos fines, el querellado Juan Carlos Araneda, que se desempeñaba como gerente comercial de la sociedad “Mac Leay y Wurth Limitada” o “Decapro Limitada”, que es un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), y de la cual también es socia la imputada, “le propuso a esta última que Sermac realizara un curso de capacitación de guardia de seguridad”.
No sólo se cobraron recursos para capacitar a un número de personas mayor al permitido sino que, más grave aún, ninguna de tales personas era en realidad un trabajador de Sermac.
La querella indica que los “aprendices” fueron reclutados mediante un aviso en la prensa local, en que se ofrecía un curso de guardias de seguridad “gratuito” e indicaba el domicilio de la empresa, lugar donde debían presentarse.
El fiscal Felipe Aguirre formalizó a Juan Carlos Araneda el 27 de octubre de 2009 y actualmente la causa sigue su tramitación, encontrándose el imputado con medidas cautelares.
Sence
La ilegalidad de los hechos quedaron al descubierto después de una fiscalización del Sence, destinada a verificar el cumplimiento de los requisitos previamente señalados. Esta labor advirtió que “los aprendices no tenían vínculo laboral alguno con la empresa, no percibían remuneración, ni estaban sujetos a un vínculo de subordinación o dependencia, como consta de sus propias declaraciones de los imputados y del informe pericial contable de la PDI”.
En síntesis, las dos personas querelladas reclutaron, mediante un aviso, a diez personas, a quienes les ofrecieron firmar un supuesto contrato de trabajo, señalándoles que era un requisito para acceder al curso, contratos falsos que luego fueron entregados al Sence junto a otros documentos, con el objeto de acceder al financiamiento que establece la ley sólo para trabajadores, los que en este caso “claramente no se cumplían”.
Para el Fisco, la responsabilidad penal de la socia de Sermac, Belinda Mac Leay, surge del hecho que firmó los contratos de trabajo, pagó las imposiciones de mayo de las personas que sabía que no eran trabajadores de la empresa, firmó las solicitudes de bonificación, “y no veló por su efectividad, recibió parte de la subvención mediante depósito de la misma en la cuenta corriente de la empresa, giró parte de ella al imputado (Araneda Ruiz) y conservó otra parte ($517.000), todo lo anterior a sabiendas de que las personas que firmaron los contratos de trabajo no eran realmente trabajadores de la empresa”.