El ingeniero civil Pablo Oyarzún Contreras, quien fue cesado en sus funciones como profesional a contrata, grado ocho, de la planta del servicio administrativo del Gobierno Regional (Gore), interpuso ayer un recurso de protección contra la intendenta de Magallanes,... Liliana Kusanovic Marusic, en la Corte de Apelaciones.
El escrito, patrocinado por el abogado Guillermo Soto, se basa en que su cliente fue nombrado para ocupar este cargo a partir del 1 de mayo de 2009. En diciembre le prorrogaron la designación como profesional a contrata, a partir del 1 de enero del presente año sin poder exceder del 31 de diciembre de 2010.
Pero la jefa de División de Administración y Finanzas (s), Ana Sánchez Díaz, firmó el memorándum donde le informan que debe hacer devolución de los activos informáticos y demás accesos por el término de su empleo.
Dicha resolución (N° 01 de fecha 23.03.2010), firmada por la intendenta regional, está basada en un memorándum “que hasta el día de hoy desconozco debido a su falta de notificación al interesado y recurrente”. Este documento se sustenta en las atribuciones que tienen los intendentes regionales, conferidas en la Ley N°19.175, que en este caso dispuso el término del nombramiento de Pablo Oyarzún. Lo que alega el recurrente es que esta facultad es para nombrar y remover a funcionarios que la ley determina como de confianza. “Cabe preguntarse si el cargo que detento tiene por ley esa calidad”.
A su juicio, “la naturaleza de cargos de confianza no la fija la autoridad de turno, sino que es una determinación previa, que se encuentra consagrada en la ley”.