Cumpliendo con la audiencia que la semana pasada le otorgó la Contraloría Regional, los cinco concejales de Timaukel que están denunciando posibles irregularidades en la gestión del alcalde de la comuna, Atilio Gallardo, llegaron a la oficina de la entidad para reunirse con el contralor (s) Víctor Rivera.
El objetivo de los ediles Margarita Mayorga, Facundo Hernández, Luis Barría, Nibaldo Andrade y Dalmiro Guineo, era expresar al fiscalizador su preocupación por el escenario que está atravesando el municipio y la confianza que han depositado en las pericias que están llevando adelante en el lugar.
A su vez, confirmaron que el alcalde ha “mantenido un total hermetismo” respecto a las consultas que le realizaron durante las últimas sesiones del concejo. Esto origina incertidumbre respecto de contar con fondos para que los funcionarios municipales puedan cobrar su sueldo o si hay combustible suficiente para mantener la electricidad de la comuna.
A los 17 puntos del informe elaborado por el jefe de la Unidad de Control de la municipalidad, Patricio Arteaga, donde se señalan las supuestas irregularidades en la gestión de Gallardo, se han sumado otros hechos que serían ilegales, como que el secretario municipal, Luis Meriño, tendría antecedentes penales y estaría cumpliendo pena remitida.
Además de que el abogado, Hernán Contreras tendría un sueldo de $ 1.600.000, siendo que nunca se ha visto trabajando para la municipalidad. Los concejales  reconocieron que el año pasado le solicitaron un informe que nunca llegó y durante la última sesión también se le habrían hecho consultas que el propio edil calificó como “no ha lugar”, sin dejarlo contestar.
Desde octubre
Cuando los concejales notaron que no tenían acceso a ningún tipo de información y que el escenario no iba a cambiar, en octubre del año pasado decidieron presentar una denuncia a la Contraloría General de la República, donde señalaron las irregularidades que a esa fecha, habría estado cometiendo el alcalde.
Entre varios puntos, se denuncia que hay “irregularidades en diversos procesos de licitación y adjudicación, lo que infraccionaría la Ley de compras Públicas, Contratos de asesoría del Plan de Educación y Gestión Asociativa sin que el Concejo Municipal lo aprobara, adjudicaciones a empresas sin determinación clara del objeto del contrato, irregularidades en la asignación de becas, uso indebido de vehículos municipales y el nombramiento ilegal del funcionario Luis Meriño, entre otros”.
En el documento agregaron que “las irregularidades resultan múltiples, evidentes y claramente evitables si se hubiera tenido a la vista el interés de la comuna y no el personal”.
Los ediles esperan que Gallardo cumpla su palabra y que el 13 de mayo se refiera a cada una de las acusaciones como lo dijo, para que por fin, todas las autoridades puedan trabajar concretamente por su comuna.