
Justamente por este robo, el viernes fue condenado César Antonio Zagal Medina, a la pena de 541 días de presidio, “como autor del delito de robo con fuerza en las cosas, de especies que se encuentran en lugar no habitado en perjuicio de la escuela pública G-27 de Río Seco”, delito perpetrado el 21 de enero del presente año. El condenado tiene que pagar con cárcel efectiva, por no reunir con las exigencias que impone la ley.
Zagal Medina ingresó a este colegio traspasando primero el cierre perimetral y luego por una ventana a la que le rompió el vidrio. Posteriormente, estando dentro, procedió a revisar las dependencias hasta llegar a una sala, en la cual se encontraban diversos equipos computadores. Ahí rompió la puerta de acceso y procedió a sustraer y apropiarse de ocho equipos computadores tipo notebooks de propiedad fiscal, cámara web cam, equipos microscopios, para luego darse a la fuga del lugar de los hechos.
Aunque el abogado defensor solicitaba que su cliente cumpliera la pena con reclusión nocturna, el juez estimó que esto no era posible porque no advierte que beneficios de este tipo disuadan a esta persona a no cometer nuevos delitos. Sobre todo porque el año 2009, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas ya le otorgó un beneficio extracarcelario para cumplir la pena por un delito que cometió, y volvió a reincidir, “más aún ahora, donde la modalidad fue afectar una escuela pública en que los afectados son gran cantidad de personas menores de escasos recursos, lo que revela un desprecio por los derechos y necesidades de niños que se están educando, y que éste, al no contar con oficio o actividad conocida, no permite avizorar una reinserción inmediata en la sociedad que avalen tal beneficio”.
Receptación
Como efecto colateral de este robo, ayer el fiscal Eugenio Campos formalizó a Juan Garmendia Iglesias y a José Garay Huaiquil por el delito de “receptación”, debido a que estas personas compraron algunos notebooks robados.
Al no registrar antecedentes penales el fiscal propuso una salida alternativa a este proceso, mediante la suspensión condicional del procedimiento por un año. “El proceso judicial no termina hoy sino que se suspende hoy por un año”, les advirtió ayer el juez Juan Olivares.
El requisito impuesto fue fijar un domicilio y donar, cada uno, 30 mil pesos. Garmendia a la Asociación de Dializados (Asodi) y Garay a la Agrupación de Amigos de los Ciegos (Agaci).