En octubre de 2004 fue promulgada la Ley 19.975, que modificó el Código Penal en materia de uso y porte de armas cortantes. Norma propiciada, en septiembre de 2002,  por el entonces diputado Pedro Muñoz.
El defensor regional expuso estos antecedentes en un artículo que publicó en su blog (de Radio Polar), señalando que “se esperaba que el artículo 288 bis, tuviera un carácter preventivo e inhibitorio capaz de frenar la presencia de arma blanca en la comisión de delitos, planteamiento que, si bien, mediáticamente, era acertado, desde el punto de vista de su eficacia real parecía errado, pues no habían antecedentes suficientes para afirmar que con la sola promulgación de la ley las personas se abstuvieran de portar y usar un arma blanca”.