
Si bien las autoridades educacionales igualmente iban a realizar un estudio de los antecedentes entregados por el organismo fiscalizador, esta medida se convirtió casi en una obligación después de lo que la propia Contraloría señaló en el escrito respecto a la deuda de los Fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) que mantiene la Cormupa con los establecimientos.
“De acuerdo con lo investigado queda de manifiesto que se han aplicado los fondos indicados precedentemente a un destino no establecido en la normativa, procede que esta Contraloría Regional, remita los antecedentes a la Secretaría Regional de Educación (…) para que determine las responsabilidades que correspondan”, consigna el impreso.
Durante las próximas 16 semanas los especialistas locales trabajarán en conjunto con el área jurídica del Ministerio de Educación (Mineduc), a través de los cuales se emitirá el informe final, que no descartaría acciones judiciales.