La Contraloría Regional sobreseyó a los ex intendentes Eugenia Mancilla y Mario Maturana Jaman y a los ex seremis Claudio Faúndez y Eduardo Barros, quienes aparecían involucrados en el caso Universidad de la Vida. Además, eximió de responsabilidades al Servicio de Cooperación técnica (Sercotec) regional.
El argumento que influyó en la medida fue que las ex autoridades no se encontraban cumpliendo estas funciones cuando se inició la investigación.
A su vez, desligó de responsabilidades al ex seremi de Hacienda, Rodrigo Aicón, y al abogado Rodrigo Loaiza, mientras que a Sercotec  regional y a su directora Iris Vásquez tampoco la contraloría les halló responsabilidad, ya que se trata de una institución de derecho privado.
Reacciones
La dirigenta del Comité Prodefensa del 4%, Margarita Drpic, dijo que el dictamen les parece “insólito. La verdad es que esto demuestra el brutal centralismo que existe en el país”.
“Acá no se trata de enjuiciar a las personas. Para nosotros es una sorpresa impactante, porque pedimos explicaciones por $ 200 millones de pesos que no cuadran y nos enteramos que estas platas jamás fueron utilizadas en la región, sino que se ocuparon en el centro del país”, explicó la vocera.
Sin embargo, la dirigenta señaló que no claudicarán en sus demandas: “Nuestro abogado está en contacto con organismos internacionales, ya que este es un tema de derechos humanos”.
Drpic está esperanzada en que se encuentre una solución de tipo administrativo o político que solucione el problema: “Este tema viene desarrollándose hace 23 años, y no se avanzó nada hasta que el senador Bianchi nos ayudó”, agradeció la dirigenta.
La Universidad de la Vida fue un programa que pretendía beneficiar a más de mil jubilados y ex cotizantes de la Caja de Empleados Particulares a quienes se les pidió imponer un 4% extra en los años 70 y 80, fondos que se perdieron al cambiar el sistema provisional de ese entonces por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).