El retiro de la querella que había presentado el Servicio Nacional de Aduanas en contra del alcalde de Puerto Montt,  Rabindranath Quinteros,  y otros dos funcionarios municipales por el supuesto fraude y contrabando que se habría cometido en el traslado de los buses ... amarillos desde Estados Unidos hasta Punta Arenas, se tradujo en la nulidad de la medida de incautación, permitiendo retomar el servicio de transporte de escolares.
Para la capital de la Región de Magallanes, las gestiones realizados por el edil Quinteros ante personal de Aduanas, significó una buena noticia, puesto que también se levantó dicha condición que pesaba en los diez vehículos que adquirió el municipio.
Sin embargo, esto no es sinónimo de que los buses salgan a la calle, puesto que todavía falta que el municipio realice los tramites de internación de las máquinas, donde la alternativa que existe, considerando que son vehículos usados, es hacer la diligencia a través de Zona Franca, pero en ese caso, el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo debería admitir que los compró.
Uno de los concejales que presentó el caso a la Contraloría Regional, puesto que detectó varias irregularidades en el proceso, fue Roberto Sahr, quien manifestó ante este nuevo escenario que “el caso nuestro es distinto al de Puerto Montt, porque todavía los buses no se han internado, y por eso acá no se alcanzó a cometer el delito. Gracias a nuestra denuncia”.
Ante la opción que restaría al edil para darle utilidad a los vehículos, el concejal estimó que “al internarlos por Zona Franca el alcalde va a tener que reconocer, aunque diga otra cosa, que esos buses se compraron y que le mintió al concejo, a los medios de comunicación y a la comunidad entera, y en ese momento va a quedar al descubierto su gran mentira. El juicio público, el juicio político, lo condenará como corresponda”, aseguró.
A su vez, su par José Saldivia, enfatizó que lo que se está buscando en Puerto Montt, es una “alternativa jurídica para explicar la situación”, pero ante los hechos “queda claro que hay un engaño. Si Quinteros paga una multa o lo que sea, es una reconocimiento tácito que todo fue una compra y no un donativo”, aseguró.
Agregó que si toda la diligencia para conseguir los buses mediante una donación se hubiese apegado a la ley, el informe de la Contraloría de la Región de Los Lagos no habría concluido que se efectuó una compra y Aduanas no se habría querellado. “Cualquier salida alternativa nos da la razón a los concejales de Punta Arenas que vimos irregularidades desde un principio”, subrayó el concejal.
Mañana el Servicio Nacional de Aduanas retirará del Juzgado de Garantía de Puerto Montt la querella presentada en mayo, lo que evitará la formalización del edil Quinteros y de los otros dos empleados.
Funcionamiento local
Mimica declaró que en un mes más espera tener los trámites realizados y los buses en la calle, sin embargo, para Saldivia son muchos los trámites pendientes como para asegurar aquello.
“El presupuesto del municipio está acotado, por lo que no hay dinero para hacer funcionar los buses, y en el caso que llame a licitación, igualmente hay que cancelarse a la empresa interesada, entonces no sé desde donde el edil pretende sacar los recursos”, cuestionó.
Según los cálculos realizados, costaría $ 30 millones mensuales que los vehículos puedan ofrecer el servicio de traslado de los niños más vulnerables a sus escuelas.
Además, se debe definir el recorrido y los alumnos beneficiados.