Molesta con la autorización que entregó la Armada a dos buques estadounidenses para que atracaran en el Muelle Skorpios de Puerto Natales, la gerencia de la Empresa Portuaria Austral (EPA) presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ... en contra de la Dirección del Territorio Marítimo, representado en la Capitanía de Puerto de Puerto Natales por el teniente 1º Alejandro Ceballos, y de la gobernación marítima representada por el gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío Erwin Miranda Leyton.
El escrito es patrocinado por el abogado Javier Solís Uribe, quien indicó que, por esta vía, esperan que la justicia pueda restablecer el imperio del derecho, “mediante la unificación de criterios por parte de la autoridad marítima en las exigencias que establece para determinadas operaciones”.
Los antecedentes que motivan esta presentación, surgen a partir de una solicitud del Muelle Skorpios Patagonia Sur ante la autoridad marítima que permitió el atraque de dos naves de enormes dimensiones, como son el Nataniel Palmer y el Laurence Gould, en circunstancias que el año 2006 la EPA perdió las operaciones de los busques Nordnorge y Nordkape, “porque la misma autoridad no permitió el atraque de las naves si no habían estudios que permitieran asegurar las instalaciones portuarias y las operaciones”. A juicio del abogado, “aquí se vulneró el principio de igualdad ante la ley, más aún que se trató de una empresa del estado que tenía sitios suficientes para asegurar los sitios requeridos por las naves rompehielos norteamericanas”.
El escrito consigna que las instalaciones de Skorpios no tienen la certificación ISPS, en lo concerniente a poseer un “Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias”, que es una exigencia para toda nave norteamericana o que vaya a arribar a puerto norteamericano. Es un tema de alta seguridad que a la Epa le costó mucho implementar y certifica a los puertos chilenos que cuentan con esas exigencias, exigencia que no cumpliría el terminal Skorpios, según denuncian en el recurso.
Gerente
El gerente de la EPA, Eduardo Manzanares, detalla en el recurso que tuvieron antecedentes de que el 17 de junio recalarían en el terminal marítimo Skorpios de Puerto Natales los rompehielos norteamericanos Palmer y Gould, situación que informaron al gobernador marítimo de Punta Arenas, al igual que ambas naves superaban las condiciones límites existentes para la atención de naves en dicho muelle.
Hubo una autorización por excepción para que atracaran estas naves, siendo que la EPA administra tres terminales portuarios en la Región de Magallanes, “los que fueron asignados por la ley 19.542 sobre modernización del sistema portuario estatal. Estos son: El terminal Arturo Prat y el terminal José de los Santos Mardones en la ciudad de Punta Arenas y el Terminal de Transbordadores en la ciudad de Puerto Natales”, los que cuentan con la capacidad para atender las naves que arriban a la región, al estar habilitadas, certificadas y reconocidas, tanto por la autoridad respectiva como por la comunidad nacional e internacional.
Es en su carácter de empresa portuaria estatal que está llamada por ley a atender las necesidades de los buques que arriban u operan en Magallanes, o aquellos que van en tránsito por el Estrecho de Magallanes hacia y desde el territorio antártico. La EPA tiene instalaciones construidas en base a proyectos de ingeniería y normativas, que permiten dar seguridad tanto a los pasajeros como a las  naves de características especiales “como lo son en este caso, los rompehielos señalados”.
“La autoridad marítima al acceder a la petición y dar las excepciones para la realización de estas maniobras, no sólo ha incumplido  su obligación de velar por las condiciones de seguridad imperantes en los terminales de la región, sino que adicionalmente favoreciendo a una empresa en perjuicio de otra, ha  introducido un elemento de desigualdad ante la ley en el mercado relevante, provocando a la EPA  un detrimento en sus ingresos, cercano a los $ 80.000.000”, se plantea en el recurso, el cual fue acogido a trámite y la Corte solicitó informes a las partes recurridas.