La dirigenta dijo que a nivel regional se van a plegar un 100% a lo que determinen las bases.
Una vez más, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se encuentra enfrentada con el gobierno, en su afán de defender los derechos de los trabajadores que a su juicio están siendo despedidos por motivos políticos. Es así como el dirigente máximo del organismo, Raúl de la Puente, quien se reunió con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y  la ministra del Trabajo y Previsión Social, Camila Merino, con el objetivo de instalar una mesa de negociación sectorial que respondiera al pliego de negociación entregado por los trabajadores hace dos semanas. Éste incluía el cese de los despidos en la administración pública, el reintegro de los trabajadores desvinculados, mayor estabilidad laboral y la prórroga del bono especial de retiro.
Sin embargo, dicha instancia quedó a la espera, ya que mientras estaban reunidos en las oficinas del Ministerio de Hacienda, a esa misma hora eran despedidos 28 funcionarios del Palacio de Gobierno en el en el Fosis y el Indap.
Al respecto, De la Puente afirmó que “no podemos estar sentados en una mesa de negociación, mientras se están despidiendo a nuestros afiliados, si esto hubiera ocurrido en el sector privado, ya las autoridades habrían sido acusadas de prácticas antisindicales, entonces el gobierno debe ser claro de una vez, no olvidemos que hace unas semanas la ministra Merino nos aseguró que los despidos habían finalizado”, puntualizó.
El dirigente agregó: “Si de aquí a diez días no se solucionan los despidos y el gobierno entrega información fidedigna, nosotros realizaremos el paro nacional en agosto”.
En Magallanes, en total a la fecha se contabilizan cerca de 20 despidos. La presidenta regional del organismo, Jessica Bengoa,  señaló hace unos días que “más allá de lo que está ocurriendo en las regiones, nosotros estamos actuando en términos de ser empáticos con las  zonas donde más despidos se han producido, Santiago y Concepción, así que estamos 100% plegados a lo que determine las bases a nivel central. La mayoría de las desvinculaciones están asociadas a gente que tenía contratos de trabajo hasta diciembre, por lo tanto, transversalmente son arbitrarios e injustificados”, expresó.