
Mantener este estado de reunión representativa, en la perspectiva de darle cuerpo a una entidad que a nivel nacional, resguarde los derechos e intereses de los funcionarios de las Universidades del Estado.
Rechazar la iniciativa del Gobierno, en el sentido de establecer una instancia en donde confluyan las Universidades del Estado, Privadas Tradicionales y puramente privadas, sin considerar que estas tienen particularidades y objetivos distintos.
Desde nuestra perspectiva, esto establece un claro precedente de privatización de la Educación Superior. En este contexto, reivindicamos la necesidad de que el Estado cuente con sus propias Universidades, debidamente financiadas, de acuerdo a la misión que el país y la sociedad ha depositado en ellas.
Con respecto al financiamiento y si bien se puede discutir la existencia de los convenios de desempeño, como un mecanismo más de obtención de recursos, rechazamos que esta modalidad reemplace los aportes permanentes que las universidades del Estado deben recibir para el cumplimiento de su misión.
En este mismo sentido, manifestamos nuestro acuerdo con la existencia de la Contraloría General de la República como organismo fiscalizador, capaz de mantener un debido control sobre los recursos que provienen del Estado y que pertenecen a todos los chilenos.