“Se debe señalar que la Municipalidad de Timaukel no cuenta con registros de la ejecución presupuestaria contable durante el año 2009-2010, careciendo de esta forma con información presupuestaria, financiera y contable que permita entregar reportes y estados contables en un momento dado”. En ese escenario debió trabajar la Contraloría Regional, luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades que había cometido en su gestión el alcalde de dicha comuna, Atilio Gallardo.
El informe, que fue liberado ayer por el organismo de control, detalla escandalosos hechos marcados por la poca probidad, ante lo cual la Contraloría señaló en sus conclusiones que “analizará la pertinencia de realizar acciones legales”.
Detalle
El documento parte indicando que en dos años no se han efectuado remisiones de informes contables ni de presupuestos mensuales a la Contraloría Regional, como lo obliga la ley, y no ha elaborado los decretos que autorizan los pagos durante los últimos dos años. Tampoco ha cumplido con las conciliaciones bancarias.
Asimismo, se detectó que no existe un manual de procedimiento de adquisiciones, por lo que no se cuenta con una planificación de compras, selección de procedimientos de compras, formulación de bases, entre otras.
En el punto número 11, la Contraloría Regional expone que “se constató que el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Néstor Caro, conoce y ha utilizado las claves de acceso de algunos proveedores del municipio, para ingresar al portal web del Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
El objetivo de esto, según lo señala el informe, era que el funcionario obtuviera las boletas de honorarios electrónicas por los servicios prestados. Esto sobrepasa las facultades de un jefe de departamento, ante lo cual el alcalde Gallardo no pudo indicar las medidas que se aplicarán para evitar la continuidad del hecho.
Respecto a la cuenta pública, que es obligatorio efectuar, se ratificó que la correspondiente a 2009, no se realizó.
Además, hubo contradicción en las declaraciones efectuadas por Gallardo, puesto que en una primera oportunidad afirmó que “no se rindió la cuenta pública año 2009”, y después, aseguró que sí, pero no logró comprobarlo.
El organismo de control consignó que: “El no cumplimiento de lo establecido en este artículo (67), será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del alcalde”.
Uno de los puntos más graves, se relaciona con la adulteración del acta del Concejo Municipal, donde se detectó que la frase “los concejales acuerdan aprobar cualquier iniciativa presentada por este municipio con la firma del alcalde”, no corresponde al acuerdo suscrito en la reunión concretada. Posteriormente, se comprobó que la frase fue borrada con corrector líquido.
Consultado por esta situación, el edil afirmó que presentó una querella contra las personas que resulten responsables por el delito de falsificación de instrumento público, no obstante,  Gallardo no adjuntó los documentos que confirmarán la diligencia.
En relación a esto mismo, la entidad observó que en las actas del Concejo Municipal no consta la aprobación de acuerdos millonarios. A esto se le suma que existen otros que tienen firma no válida.
Comidas
Se obtuvo información respecto de un desayuno-almuerzo por $ 7 millones donde, según lo periciado, habrían asistido alrededor de 17 personas. El edil afirmó que acudieron 32 invitados, sin embargo, no adjuntó antecedentes que comprueben aquello.
En relación a los servicios de banquetearía en Navidad y Año Nuevo en Villa Cameron y Pampa Guanaco, donde existe una boleta por $ 6.866.667, se indicó que no hay documentos que lo comprueben, y las personas que habitan el sector no confirmaron la realización de alguna actividad como la descrita.
Del gasto por
$ 5.100.000 efectuado en las celebraciones de aniversario de la comuna y el Día del Funcionario Municipal, la entidad no entregó antecedentes que lo demostraran.
Se confirmó la contratación de una persona para las reparaciones de las dependencias municipales y de transporte de maquinarias y menajes por $ 18.500.000 y $ 9.100.000, respectivamente. No fue posible comprobar las órdenes de compra publicadas en el sitio web de Mercado Público.
“Familión”
Se constató en la investigación que la cónyuge del administrador del municipio, Luis Meriño, ingresó a ocupar un cargo en la planta directiva de la entidad, configurándose inhabilidad. No conforme con esto, también se confirmó que la hermana de la pareja de Meriño, prestaba servicios en el área de Salud de la Municipalidad de Timaukel.
En tanto, se detectaron abultados viáticos cancelados a todo el Concejo Municipal, exceso que llega al total de
$ 5.186.166.
A su vez, Meriño al ser contratado como administrador municipal, debió firmar un documento donde declaraba no estar inhabilitado para el cargo, no obstante, en 2008 fue condenado por el delito de falsificación de instrumento público, por lo que no podría desempeñarse en el cargo que poseía.
Respecto a los servicios legales, Contraloría detectó que el 1 de marzo de 2009 se contrató a honorarios al abogado Hernán Contreras, quien debía entregar informes mensuales respecto de su trabajo. Desde aquella fecha hasta abril de 2010, se le había cancelado $ 21.900.000. Además, “se constató el pago de gastos de alojamiento del señor Contreras, en el Hotel Diego de Almagro por la suma de $ 1.270.932 y gastos por pasajes aéreos entre las ciudades de Santiago y Punta Arenas por $ 947.594”, indica el documento.
El organismo gubernamental señaló que los gastos de alojamiento y pasajes aéreo son improcedentes, no obstante en 2010 se incluyeron estos ítems en su contrato. Asimismo, se detectó la contratación de Paola González para que se desempeñara como procuradora, sin embargo, aquello no se ajusta a derecho porque no tiene la calidad de servidora pública.
Vehículo
En el punto número 14 se observó que el vehículo municipal, estuvo fuera de Timaukel y en poder del alcalde Gallardo desde el 12 hasta el 23 de abril de 2010, fecha en la que el edil estaba haciendo uso de su feriado legal.
Esto fue ratificado por el secretario municipal, Manuel Hernández, no obstante la máxima autoridad comunal aseguró que lo que manifestó el funcionario y todas las personas consultadas no es efectivo, explicando que el primer día de su feriado legal, llevó el vehículo al taller mecánico. Para confirmar lo manifestado envió la factura del servicio, sin embargo, tenía la fecha 29 de julio de 2010.
Estas son sólo algunas de las materias consignadas por el organismo contralor, ya que el documento está compuesto por 85 páginas, donde en las conclusiones además de evaluar la posibilidad de entablar acciones judiciales por lo descubierto, se realizará un seguimiento para la subsanación de las irregularidades.