Las distintas ciudades y pueblos de nuestro país, con independencia a su geografía, diseño, escala y cultura poseen algo en común: todas ellas fueron construidas desde el “habitar del ciudadano”. Esto significa que poseen, en términos generales, una historia ligada al actuar cotidiano de sus hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, cada uno aportando a esta construcción física y social que se sintetiza en un particular paisaje de su territorio. Todo lo anterior fue afectado en febrero con el terremoto. Desde ese mismo momento, junto con el temor y dolor se comenzó a instalar la premisa de la reconstrucción y la necesidad de ponerse de pié. Esta publicitada reconstrucción es particularmente significativa en aquellas ciudades, pueblos y caletas que se vieron severamente dañados y que sus requerimientos sobrepasan la acción puntual de construir calles, puentes y viviendas. Existe en estos casos un requerimiento de reconstrucción integral del hábitat residencial, situación que involucra aspectos físicos constructivos, socioculturales y económicos productivos.
No obstante, la respuesta que se observa desde el Estado (mediante el Programa de Reconstrucción Nacional) se orienta a entregar una serie de alternativas individuales que respondan a los requerimientos y características especificas de los afectados, con   los planes regulares de subsidios y la creación de comisiones de expertos profesionales que presentarán la forma en que se debe reconstruir el territorio.
Estas propuestas se generan en base a lo que estiman los profesionales son las necesidades objetivas existentes y la proclamación de un nuevo estándar de seguridad para los habitantes. Casi como en la creación de una nueva religión post terremoto, se señalará lo que es bueno y malo, adecuado e inadecuado para la reconstrucción de lugar afectado. Transcurridos casi tres meses desde la conformación de estas comisiones, es necesario que sus acciones sean vinculantes con el habitante beneficiario, que se comprendan sus formas de vida, que sean convocados a consultas o toma de decisiones respecto de su territorio. Sólo de esta manera se podrán reconstruir socialmente los espacios públicos y privados con un carácter de apropiación ciudadana, que brinde identidad, pertenencia y viabilidad a las acciones e inversiones del Estado.