La defensora local jefe de Punta Arenas, Gustava Aguilar Moraga, dijo que a nivel de Naciones Unidas se debate actualmente la asistencia jurídica para los más necesitados.
La profesional, junto al defensor regional de la VIII Región, Georgy Schubert, representaron en San José, Costa Rica, a la Defensoría Penal Púbica de Chile en el Quinto Programa de Capacitación para Defensores Públicos Interamericanos, que organizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en el que participaron profesionales de Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, entre otros.
En agosto de este año el Consejo permanente de la OEA aprobó el Fondo para la Asistencia Jurídica ante el sistema, “reconociendo así que la defensa efectiva pasa, entre otros aspectos, por la producción de prueba, y que para ello se requiere de importantes recursos, para realizar visitas al sitio del suceso, en países donde se denuncian las violaciones, contratación de expertos, entre otros aspectos”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979.
Defensa activa y efectiva
Entre los aspectos destacados que se abordaron en este encuentro internacional, la defensora Aguilar destacó la exposición de André Machado de Castro, Director Presidente de la AIDEF (Asociación Interamericana de Defensorías Públicas), quien aludió al hecho de que el sistema de justicia interno en América Latina es de un alto costo, lento y poco efectivo. Y constituye un hecho cierto que, en general, los Estados no garantizan la igualdad de armas, de allí que para el ejercicio de una defensa pública independiente es fundamental la autonomía institucional.
Gustava Aguilar, explicó que “la Corte Interamericana ha asumido un rol relevante  y está creando un sistema de defensa pública, para aquellos casos en que, como se ha dicho las víctimas no tengan representación legal, lo que se facilitará gracias a la existencia de la AIDEF”.
La profesional magallánica explicó que a nivel de Naciones Unidas se debate actualmente la asistencia jurídica para los más necesitados. “Dentro de este marco -dijo- en agosto de este año, el Consejo permanente de la OEA aprobó el Fondo para la Asistencia Jurídica ante el Sistema, reconociendo así que la defensa efectiva pasa, entre otros aspectos, por la producción de prueba, y que para ello se requiere de importantes recursos, para realizar visita al sitio del suceso, en países donde se denuncian las violaciones, contratación de expertos, entre otros aspectos”.
“De allí -agrega la defensora-se puso especial énfasis, en este encuentro, en la necesidad de buscar el apoyo tanto en la comisión como ante la propia Corte, para trabajar el tema de la independencia y autonomía de la Defensoría Penal Pública”.
Todos los defensores interamericanos públicos  presentes en el evento concordaron en que su meta primordial y gran responsabilidad será alcanzar un trabajo de alta calidad. “Lo anterior porque se reconoce que una defensa puramente formal puede ser más nociva que la ausencia de defensa”, concluyó Aguilar.