Un fuerte revés sufrió la Municipalidad de Punta Arenas, al conocerse el fallo del Tribunal de la Contratación Pública que obliga a la entidad a retrotraer la licitación para contar con una empresa encargada del retiro de la basura, puesto que consideró ilegal el decreto alcaldicio que otorga la responsabilidad a Servitrans.
La firma Recotrans, que fue una de las ocho empresas que participó en el concurso público, presentó una acción de impugnación en contra del municipio por “haber incurrido en actos que califica como ilegales y arbitrarios”,  efectuados en el proceso denominado “Concesión del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Comuna de Punta Arenas”, consigna el documento legal.
El Tribunal de la Contratación Pública resolvió que acoge la demanda interpuesta (…) “sólo en cuento se declara ilegal el decreto alcaldicio número 183 con fecha 20 de enero de 2010 dictado por el alcalde de Punta Arenas Vladimiro Mimica Cárcamo, que adjudicó a la empresa Servitrans la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de la comuna”, señala el fallo.
A su vez, añade que “se declara ilegal el acuerdo del Concejo Municipal adoptado en la sesión número 48 del 18 de enero de 2010, en virtud de la cual se aprueba la proposición de adjudicación de la propuesta efectuada por el alcalde; acto administrativos que deberán ser dejados sin efecto, una vez que quede ejecutoriada la sentencia de término”, dicta la entidad.
Lo más complejo para Mimica es que el Tribunal de la Contratación Pública también ordenó que “la entidad licitante deberá proceder a retrotraer el proceso licitatorio al estado  de resolver la propuesta, considerando las ofertas presentadas, con exclusión de la correspondiente empresa Servitrans, que se encuentra fuera de las bases”.
Entre los argumentos que expuso Recotrans para considerar el proceso fuera de la ley, expresa que se cometió la irregularidad de aceptar ofertas  de cuatro compañías que no cumplían con los requerimientos de las bases. Entre ellas, la ganadora Servitrans.
A raíz de esto, es que también objeta el desempeño de la comisión designada para evaluar las ofertas, puesto que consideraron las mismas que impugnan. Según el demandante, sólo tres de las ocho empresas que ofertaron sus proyectos debieron integrar el concurso, no obstante, el resultado de la diligencia desestimó estos argumentos, y todas las firmas podrán participar del nuevo proceso que se debe llevar a cabo, menos la que actualmente retira la basura.
Origen
El 18 de enero de 2010 el Concejo Municipal debía concluir el proceso de llamado a concurso para el retiro de los residuos domiciliarios y definir la empresa ganadora.
En la oportunidad, el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo tomó la palabra para describir y alabar los servicios “extras” que ofrecía la firma Servitrans, como el barrido de calles, campañas educativas respecto de la basura, reciclaje, entre otros, que no fueron requeridas en las bases de licitación. A su vez, la propuesta tenía un valor aproximado de $ 30 millones mensuales más que el resto de las ofertas, las que se ajustaron estrictamente a lo solicitado por el municipio, puesto que tampoco se advirtió en las exigencias que si se incluían más servicios, eso iba a elevar el puntaje.
“Este es un sistema prácticamente revolucionario para la ciudad. Vamos a tener asegurada una limpieza permanente con tecnología de punta. Hemos intentado, con esta aprobación, contar con la mejor de las opciones que se nos habían presentado”, enfatizó Mimica en la oportunidad.
El concejal Roberto Sahr se abstuvo de entregar su voto en dicha sesión, porque consideró que faltaban antecedentes. En tanto, su par, Antonio Ríspoli rechazó el otorgamiento de la concesión a Servitrans, porque aseguró que no se estaban respetando las bases y que el objetivo de los concursos públicos es asegurar el servicio que se necesita por el costo más bajo, algo que no se estaba resguardando.
No obstante, el municipio contrató un abogado de Santiago para que lleve la causa a la Corte Suprema, el que cobrará $ 6 millones por su representación.