Para la Municipalidad de Punta Arenas conocer el fallo adverso del Tribunal de la Contratación Pública respecto de la concesión entregada a la empresa recolectora de basura, Servitrans, fue un nuevo golpe que agrava el difícil ambiente que existe al interior del Palacio José Montes.
El cambio de oficinas que anunció el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo para los funcionarios del Departamento de Administración de Finanzas a unas instalaciones que han sido calificadas por ellos mismos como indignas, ya tenía a los trabajadores molestos y en alerta por la decisión final. A eso se le sumó el traslado del jefe del área, Claudio Oyarzo a Bienestar, lo que motivo a que un número considerable de funcionarios esté pensando cambiarse de departamento por no compartir la decisión del edil, quien advirtió varias veces que eran decisiones que se circunscribían a sus atribuciones como jefe comunal.
Esto originó que llegaran los 36 empleados a una de las últimas sesiones del Concejo Municipal para exigirle a Mimica una reunión y detener el cambio al inmueble de calle Roca, lo que lograron hasta el momento. No obstante, el municipio ya firmó un contrato de arrendamiento de dichas oficinas, por lo que debió cancelar $ 3.750.000 en septiembre y desde este mes pagará $ 2.500.000, a pesar de no estar siendo utilizadas.
Mientras todo esto sucedía, el alcalde estaba autorizando la llegada de la ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Ruth Simeone, al programa Jefas de Hogar del municipio y así engrosaba la lista de concertacionistas que debieron dejar sus cargos tras el triunfo de Sebastián Piñera, pero que Mimica les ha dejado las puertas abiertas del municipio. Lo mismo ocurrió con la ex seremi del Trabajo Maritza Oyarzo y con la ex directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) Alma Alvaradejo.
Estas contrataciones y “enroques” de funcionarios que son de exclusiva confianza del edil y de su asesor, Domingo Rubilar, no han permitido entregar continuidad a las labores municipales, puesto que desde hace meses se están efectuando cambios, anteponiendo fines políticos, al cumplimiento de las responsabilidades con los vecinos.
Asimismo, existe decepción en algunos funcionarios que llevan años desempeñándose en el municipio, al ver cómo llega gente de “afuera” por razones políticas, perdiendo la oportunidad de ir ascendiendo por mérito y trayectoria. Ahora los ojos están puestos en el  cargo de secretario, que está vacante y, probablemente, lo asuma un cercano de Rubilar que pertenezca al Partido Por la Democracia (PPD).
En tanto, la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) continúa esperando que Mimica incluya en tabla del Concejo la solicitud de $ 600 millones para cancelar deudas de este último trimestre del año. Requerimiento que efectuó el secretario general de la Cormupa, Orlando Estefó hace, por lo menos, dos meses.