Tras una larga investigación que se denominó operación “Refugio Sur” por parte de la PDI, ayer finalmente se entregó la última resolución judicial luego de tres juicios realizados en contra de siete imputados por el delito de tráfico de drogas.
Fue así que los jueces José Octavio Flores Vásquez, Jovita Soto Maldonado y Julio Álvarez Toro entregaron su sentencia en la que ya la semana pasada habían absuelto de manera unánime a los ciudadanos colombianos Luz Adriana García Aranda y Fernando Torres Gutiérrez de la acusación del Ministerio Público, en cuanto los sindicaba como autores del delito de tráfico ilícito de drogas, mientras que se condenó a 4 años por calidad de autores al chileno oriundo de Talcahuano Igor Andrés Valverde Ortega y su pareja, la ciudadana colombiana Claudia Patricia Tobar Arbelaez, por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.
Sin embargo, los jueces le otorgaron a ambos el beneficio de la libertad vigilada intensiva, tal como lo señaló la defensora regional Gustava Aguilar: “A mi representada Claudia Tobar se le condenó como autora de un delito de tráfico y ya sabíamos que se le había considerado la colaboración en la investigación y se le impuso esta pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y se le concedió una pena sustitutiva en libertad vigilada intensiva”.
Lo mismo ocurrió con Igor Valverde Ortega, quien con Claudia Tobar recuperaron su libertad tras la audiencia de lectura de sentencia, luego que la defensa solicitó que se modifique la medida de prisión preventiva que pesaba sobre la pareja desde el mes de septiembre del año pasado.
Claudia Tobar, en conversación con Diario El Pingüino, se mostró contenta de recuperar su libertad: “Muy feliz de salir, sólo decir a todas las personas que están presas que confíen en Dios, que es grande y poderoso, y hoy se hizo el milagro que tanto pedí ya que Dios sabía la verdad de todo lo que mes estaban culpando”.
Siete personas fueron relacionadas con la “Operación Refugio Sur”, las que fueron llevadas a juicios orales estas últimas semanas, siendo condenadas 5 de ellas.
De acuerdo a la acusación, desde el mes de abril de 2016 los acusados comercializaban drogas en la Región de Magallanes, específicamente en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, cumpliendo Igor Valverde Ortega el rol de líder y encargado de la adquisición y traslado de la droga desde el norte del país, y Claudia Tobar Arbelaez, de la distribución entre microtraficantes de la región y de los cobros de dinero producto de la venta de estas sustancias.
De los otros dos involucrados, Carlos Edier Portocarrero Otero, fue condenado como autor del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de estupefacientes, a la pena de 3 años de presidio, sentencia que le sustituyó la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada; mientras que James Velásquez Sánchez, no tuvo la misma suerte de su compatriota, ya que fue condenado por un delito de tráfico de drogas a la pena de 5 años y un día de cárcel, no obteniendo ninguna pena sustitutiva y siendo el único de todos que cumple condena en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, por lo que su defensa está estudiando recurrir a la Corte de Apelaciones.
Colombiano expulsado
Por su parte, en otra audiencia realizada ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, se debatió la expulsión del país de otro de los ciudadanos colombianos involucrados en la investigación de tráfico de drogas, por lo que al ser condenado a una pena de 3 años y un día de presidio efectivo la defensa del imputado Juan Carlos irurita Buritica solicitó que su representado sea expulsado del país, tal como lo señaló la abogada defensora Anaís Araneda: “Ya que no se le consideró la libertad vigilada la petición de la defensa es que sea expulsado del país ya que se cumplían con los requisitos y se acogió por el tribunal con un voto en contra. El requisito de la pena de expulsión es que el manifieste su voluntad en orden a ser expulsado y no podrá retornar a Chile durante 10 años”.