La Fiscalía presentó acusación en contra de un funcionario de Gendarmería, quien habría ofrecido protección a un interno de la cárcel de Punta Arenas, a cambio de una millonaria cifra.

La acusación del fiscal Sebastián González Morales, presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, da cuenta de que la investigación determinó que el 29 de junio de 2016, aproximadamente a las 21.25 horas, en circunstancias que un interno se encontraba recluido en su celda del Módulo F-1, debido a que cumple condena en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas por un delito de femicidio frustrado, y encontrándose en funciones el acusado Ramón Alejandro Mansilla Mansilla, empleado público, específicamente cabo de Gendarmería.

Este procedió a trasladar al interno referido al hall de dicho módulo y en ese lugar, le habría solicitado que le entregara un beneficio económico consistente en la suma de 20 a 30 millones de pesos, a cambio de brindarle protección al interior del recinto y asegurarle el ingreso de objetos destinados a su entretención. Asimismo, ese mismo día, minutos más tarde, el acusado llamó telefónicamente a la madre del interno, realizándole solicitudes a esta, en los mismos términos que al interno.

Asimismo, el 6 de julio de 2016, siendo aproximadamente las 22.30 horas, nuevamente el acusado procedió a llamar telefónicamente a la madre del interno, a quien le solicitó la suma de 20 a 30 millones de pesos, a cambio de brindarle protección a su hijo, al interior del recinto de Gendarmería.

Con estos antecedentes, el representante del Ministerio Público acusó al funcionario de Gendarmería por el delito de cohecho, encontrándose en grado de desarrollo consumado en calidad de autor, por haber intervenido de manera directa e inmediata en la ejecución de los hechos investigados.

El Ministerio Público estimó que al acusado Ramón Alejandro Mansilla Mansilla, le beneficia la circunstancia atenuante de no haber sido condenado.

Ante esto la pena que pide la Fiscalía que se aplique al funcionario de Gendarmería, que en la actualidad presta servicios en la ciudad de La Serena, es de 2 años de reclusión menor, y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, agregando una multa de 30 millones de pesos.

La audiencia de preparación del juicio oral se fijó para el próximo 20 de agosto, a las 10.30 horas.