En un procedimiento abreviado, ayer se condenó a una mujer dueña de una embarcación, quien aprovechando contacto con personal de la Armada, vendía matrículas falsificadas para permisos de buzos mariscadores.

El querellante y abogado procurador Fiscal de Punta Arenas, del Consejo de Defensa del Estado, Dagoberto Reinuava, señaló que “tenemos una pretensión de condena de 5 años, respecto de la civil involucrada, principalmente por lo que significa para la actividad laboral y marítima el falsificar estas licencias, saltándose los exámenes de rigor que esto significa, acá hay un tema social, un tema de seguridad marítimo importante, y nosotros como Estado estamos presentes en esa área, por lo tanto nos importa el daño en este ilícito”.

El querellante agregó que “la imputada era contactada por personas que requerían obtener licencias de buzo mariscador, entregaban un certificado médico, su número de RUT y con eso se derivaba a esta persona que ella le denominada ´el marino´, quien luego le hacía entrega de estas licencias, y ella remitía estas licencias con un servicio a distancia, porque habían muchas personas de fuera de la región. Esto previo pago de montos que alcanzaban los 500 mil pesos que se pagaba por cada licencia, incluso entre ellos un menor de 15 años, quien obtuvo esta licencia y que también involucra un daño social importante y el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público no las tolera y se actúa en rigor”.

Se indicó que son alrededor de 12 operaciones, y en cada una se cobraba casi medio millón de pesos.

La imputada ayer fue condenada como autora de los delitos de uso y falsificación de instrumento público, donde la mujer al aceptar el procedimiento abreviado arriesga una pena de 3 años de presidio, y por el delito de soborno, la pena de 541 días, sentencia que se dará a conocer el próximo lunes 8 de octubre a las 12.15 horas, evitando así la imputada penas que alcanzaban los 10 años de presidio.

Acusación

De acuerdo a la acusación del fiscal Sebastián González, y la acusación particular por parte del Consejo de Defensa del Estado, los hechos se registraron entre los meses de abril de 2013 y mayo de 2015, en distintas fechas y lugares de la ciudad de Punta Arenas, en circunstancias que la acusada Jessica Fernanda Barrientos Vidal, dueña de la embarcación “Lesly I”, ejerciendo sus labores propias de la actividad pesquera artesanal en distintas caletas de pescadores, procedió a ofrecer a distintas personas relacionadas con la actividad pesquera, la posibilidad de obtener matriculas de buzo mariscador sin cumplir con los trámites requeridos para ello y sin rendir los exámenes de habilitación necesarios, a cambio de una suma de dinero variable que alcanzaban los 550.000 pesos.

Para obtener dichas matrículas, los interesados en su obtención, eran contactados por la acusada a quien le entregaban la suma de dinero solicitada por esta, ya sea directamente o a través de un sistema de depósito de dinero, y le entregaban a la misma, documentación que consistía, por lo general, en una fotografía, un certificado médico de salud compatible y un extracto de filiación y antecedentes.

Luego de esto, la mujer, que previamente ya se había concertado con el funcionario público de la Armada de Chile que desempeñaba en la ciudad de Punta Arenas el cargo de las labores de otorgamiento de matrículas de buzo, Carlos Isaías Cabello Bosne, actualmente procesado por estos mismos hechos en sede militar, se contactaba con este último, quien procedía a cambio de dinero a generar una matrícula de buzo mariscador a nombre del respectivo interesado que Barrientos Vidal le señalaba.

A través de este modus operandi, entre los meses de abril de 2013 y mayo de 2015, doce personas obtuvieron fraudulentamente su matrícula de buzo mariscador sin aprobar el examen teórico práctico de conocimientos, examen obligatorio para la obtención de dichas matrículas.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, agregó que además paralelamente en la justicia militar, se mantiene abierto el proceso en contra del funcionario de la Armada involucrado.

“Este caso de falsificación de licencias interviene esta mujer que fue enjuiciada a través de un procedimiento abreviado, donde además está involucrado un funcionario de la Armada, que se encuentra procesado en la justicia naval, que además estuvo siete meses preso preventivamente y una investigación naval que aún está en desarrollo. Las penas militares son bastante más altas, pero en ese tema prefiero no especular en relación a

lo que arriesga por estar en investigación y en su momento veremos que penas se van a obtener en la justicia naval”. Finalizó Reinuava.