“Me están acusando injustamente, me están cagando la vida (sic), vine de otra zona a trabajar, tengo mi actual pareja. Ese día descansé y a esa hora salí a pagar una cuenta de teléfono, tengo cómo probarlo”, con este argumento el imputado por violar a un niño de 10 años al interior de un céntrico colegio de Punta Arenas comenzó sus descargos.

El hombre de 38 años (se prohibió judicialmente divulgar el nombre y rostro), quien fue detenido por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, tras ser denunciado como el presunto autor de la violación del niño de 10 años, continuó diciendo que “tengo hijos que viven en Puerto Montt. No soy apoderado en un colegio acá en Punta Arenas. Cuando era pareja de la mamá del niño vivimos juntos, nos llevábamos muy bien. Después que a ella le quitaron los niños, nos separamos y comenzó a andar con otra persona. Ella reaccionó mal cuando le dije que yo tenía una nueva pareja.

Al niño la última vez que lo vi fue el año 2016 y no entiendo que pasó. No tengo nada que ocultar, yo ahora doy mi cara, y sé que donde estoy con mi nueva pareja hay niños, y yo voy a tener que irme, porque con qué cara voy a llegar ahí, qué confianza me van a tener de ser acusado por violación, nadie confiará en mi. Cuando termine esto y se demuestre mi inocencia voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, fueron sus palabras en el tribunal de Garantía.

Formalización

En la audiencia de formalización de la investigación, la fiscal Wendoline Acuña, dio a conocer que los hechos se habrían originado el pasado 9 de octubre, en horas de la tarde, mientras el menor víctima de 10 años, quien, de acuerdo con los antecedentes, llegó hasta el gimnasio de un céntrico establecimiento educacional, donde cursa sus estudios, lugar hasta donde habría llegado el imputado, expareja de su madre.

Se señaló que el exconviviente de la madre de la víctima, lo trasladó hasta el baño de las dependencias del colegio donde le bajó los pantalones, amenazándolo con matarlo si hablaba. Tras esto lo habría violado por algunos minutos para retirarse del lugar, dejando al menor encerrado. Tras esto, el niño logró salir del baño por una ventana y corrió desde el establecimiento alrededor de dos cuadras hasta un hogar de niños, donde es albergado por tratarse de un niño vulnerable y acogido por el Sename.

En esos momentos, los profesionales del hogar de menores trasladaron al niño hasta el Hospital Clínico de Magallanes para constatar lesiones, ratificando una fisura reciente producto de un ataque sexual.

Con estos antecedentes, al imputado se le formalizó como autor de un delito de violación. A pesar de esto, y de acuerdo con los confusos antecedentes, la fiscal Wendoline Acuña solicitó diferentes medidas cautelares, menos la de prisión preventiva, no obstante, la abogada patrocinante y representante del niño, Claudia Guerrero, pidió la medida privativa de libertad.

En ese sentido, el abogado defensor, José Miguel Navarrete, se opuso a las medidas cautelares, argumentando que “mi representado prestó una declaración señalando que no fue al centro de la ciudad, que tiene un comprobante de una Caja Vecina, la cual realizó a la misma hora aproximada del hecho, esto en el sector alto de la ciudad. Esto se suma a una declaración de una testigo, quien confirmó que a la presunta hora de los hechos no salió de su domicilio.

Existe una declaración de un funcionario del colegio, que señala que revisaron las cámaras de seguridad, y que a la salida de clases, el menor deambuló por los pasillos y que junto a otro alumno del mismo establecimiento se dirigieron al gimnasio del colegio, donde había un taller de fútbol con alumnos y un profesor.

Al continuar con la revisión de las cámaras, se pudo determinar que el menor no estuvo más de un minuto en el gimnasio y se retiró por un lugar donde no correspondía, ya que por ese lugar salen alumnos mayores. Además no se pudo observar ninguna persona ajena al establecimiento educacional. Ante esto, no se justifica la prisión preventiva, ni se reúnen los presupuestos materiales, a pesar que el niño lo reconozca como el autor del delito”.

Tras los alegatos, el juez Juan Villa decretó el arraigo regional y prohibición para el imputado de acercarse al menor, mientras que el plazo para el cierre de la investigación se fijó en cuatro meses.

El director del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Magallanes, Mario Miranda, señaló que “a través de nuestra representación jurídica nos hicimos parte en el caso, y presentaremos una querella criminal para poder tener una participación activa en la investigación. Lo que nos interesa es llegar al responsable del hecho y nosotros le damos completa credibilidad a la versión del niño”.