Un exguardia de 94 años del campo de concentración Nazi de Sutthof, en Polonia, es juzgado a partir de este martes en Münster, Alemania, por complicidad en cientos de asesinatos, un caso con un peso simbólico y moral. El alemán, residente en Münster, está acusado de haber servido entre junio de 1942 y septiembre de 1944 en ese campo, situado a 40 kilómetros de Gdansk.

La fiscalía no divulgó la identidad del acusado, quien, según el diario Die Welt, sería un paisajista jubilado llamado Johann. La audiencia de ayer estuvo dedicada a la lectura del acta de acusación, según la prensa alemana.

“Tenía entre 18 y 20 años en el momento de los hechos. Como vigilante, custodió el campo, las vallas, las torres de vigilancia” mientras que cientos de personas eran “gaseadas, fusiladas y torturadas de hambre” allí, indicó a la AFP el fiscal de Dortmund, Andreas Brendel.

El acusado tenía “conocimiento de todos los métodos para matar” y por eso fue cómplice del “asesinato de cientos de personas”, aunque no participara en ellos directamente, precisa el acta de acusación. Según Die Welt, el nonagenario negó ante la policía, en agosto de 2017, haber estado al corriente de las atrocidades que se cometían en el campo y afirmó que los soldados también padecían de la escasez de alimentos.

En Stutthof, primer campo de concentración nazi establecido fuera del territorio alemán a finales de 1939 y uno de los últimos en ser liberado por los aliados, en mayo de 1945, 65.000 de los alrededor de 110.000 deportados murieron, según el museo Stutthof de Sztutowo. Controlado por las SS y auxiliares ucranianos, primero sirvió para la detención de prisioneros de guerra y opositores polacos, noruegos o daneses, antes de que los judíos de los países bálticos y Polonia, esencialmente mujeres, fueran deportados allí a partir de 1944 en el marco de la “solución final” nazi.

“Estoy muy agradecido por la celebración de este juicio, nadie en mi familia creyó que fueran posibles acciones judiciales. Para mí, que soy de la tercera generación, es muy importante”, dijo Ben Cohen, nieto de Judy Meisel, una deportada del campo. Desde su liberación, menos de un centenar de miembros del personal del campo, de los más de 2.000, se han enfrentado a la justicia, principalmente en Gdansk y en la ex RFA, según el museo.

Cuestión moral

Las audiencias tendrán lugar “en un día, durante dos horas como máximo”, para que el acusado pueda estar “en buena forma física”, según el fiscal, también responsable de investigaciones de crímenes del nacionalsocialismo en Renania del Norte-Westfalia. Será juzgado hasta enero como mínimo por un tribunal para menores, puesto que tenía menos de 21 años cuando ocurrieron los hechos.

El acusado enfrenta una pena máxima de 15 años de cárcel. Para Brendel, la pena importa poco, puesto que se trata, sobre todo, de “una cuestión jurídica y moral”. “Alemania les debe a los familiares y a las víctimas de los crímenes del nacionalsocialismo que se investiguen, todavía hoy, los hechos y perseguir esos delitos”, sostuvo el fiscal.

Desde 2011, una nueva jurisprudencia permite abrir diligencias por “complicidad de asesinato” contra quienes participaron en el funcionamiento de los campos. Hasta entonces, solo podían ser procesados los sospechosos directamente implicados en los asesinatos de los deportados.