Una funcionaria del Ministerio Público llegó hasta la justicia laboral para poder volver a su puesto, donde alega vulneración de derechos.

El abogado Rodrigo Ojeda, representante de la funcionaria Katherine Fleming, señaló que “se presentó una denuncia por tutela laboral en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, en contra del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y su equipo de trabajo el señor Danilo Huilcarema como la directora ejecutiva Verónica Larraín.

Esto es básicamente por un historial de acoso del fiscal Campos y el señor Huilcarema en contra de mi representada, quien se desempeñó como secretaria de la dirección ejecutiva regional del Ministerio Público de Magallanes, y que fue sacada de ese lugar, siendo enviada a la Fiscalía Local de Punta Arenas, en un rol que no ha desempeñado, por lo tanto fue denigrada en su cargo y ya se celebró la audiencia preparatoria, donde el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio Público presentó una excepción de incompetencia de caducidad, porque el Juzgado Laboral no es competente para conocer estos caso, y que los hechos ya habrían pasado del tiempo y que no fueron alegados oportunamente.

La incompetencia fue rechazada y nosotros sostenemos que el tribunal es competente porque es un procedimiento que no existe en el Ministerio Público. Al no tener un organismo jurisdiccional que resuelvan estos casos de protección de derechos fundamentales, vulnera el artículo 25 de la convención  americana de  los Derechos Humanos, la que establece que debe existir un organismo jurisdiccional que resuelva respecto de la vulneración de derechos a los trabajadores. Se tratan de hechos que vienen con un historial de acoso de larga data, al intentar volver a trabajar donde se le indicó que volvería a su puesto de trabajo, pero no ocurrió. Ella está aislada en una función de un grado inferior al que desempeñó por años”.

El representante de la funcionaria de la Fiscalía, indicó que “mi representada fue la secretaria del exdirector ejecutivo de la entidad, Alfredo Fonseca, quien fue desvinculado hace unos meses, y ahora mi representada por la cercanía en el trabajo que realizó con el señor Fonseca lleva a estas situaciones en su contra, por lo que presentamos esta denuncia. Con esta acción buscamos es que ella retorne a la secretaría de la Dirección Ejecutiva regional y solicitamos indemnización de daño moral por todo lo que ella ha sufrido de 5 millones de pesos”.

Tras la audiencia de preparación se realizó esta semana, y el juicio se fijó para el 3 de enero de 2020 a las 10 horas.