A casi un mes de iniciarse las manifestaciones sociales en todo el país, el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo para iniciar la redacción de una nueva Constitución, documento que está compuesto por 12 puntos. En este sentido, dos abogados penalistas de Magallanes, desglosaron lo que podría venir de aquí en adelante con esta nueva Constitución. Pablo Chandía, abogado y máster en Derecho Penal y garantías constitucionales, dijo que “al realizar un análisis social político, y todo lo que ha ocurrido durante estas semanas, se ha logrado un despertar y un acuerdo que definió lo que todo Chile quiere. Chile no puede seguir con una Constitución de más de 30 años y que no está de acorde a los tiempos. Desde el análisis jurídico, esta nueva Constitución debe ser el llamado para generar desde las bases un nuevo país, o sea, instituciones que se encuentran dentro de la carta, como el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado, tengan de una vez por todas la legitimidad que se requiere. En esta nueva Constitución es importante que los derechos sociales se representen como un bien protegido por el Estado, y ahí no solo está la educación, la salud, las pensiones, al trabajo, sino que está el derecho a la defensa jurídica, y el Estado tiene esta oportunidad de entregar autonomía orgánica a la Defensoría Penal Pública, la Corporación de Asistencia Judicial, alguna institución de la protección de la infancia y fortalecer el Ministerio Público”. Chandía indicó que “esta es una tremenda oportunidad para que instituciones como el Ministerio Público se pueda renovar, delimitar sus atribuciones, y no cargarle tanto la mano a las policías para poder definir mejor los trabajos de uno y de otro. La Constitución debe velar por los derechos sociales y se debe pensar en que instituciones que cumplen rol social como la Defensoría Penal Pública - hablando de lo jurídico -  es la oportunidad de crear instituciones y que no sean simples parches. La Defensoría Penal Pública no existe desde el punto de vista orgánico, quedando restringidas en cuanto al uso de sus facultades, por lo que es una oportunidad de crear orgánicamente una institución como la defensoría para tener una legitimidad con la ciudadanía y que represente los derechos sociales como es el derecho a la justicia”.  El análisis del penalista, continúa señalando que “Magallanes va a sufrir, porque este llamado de las fuerzas políticas trae un problema para las regiones, porque esta mesa de convención, la distribución es la misma de la cámara de Diputados, porque son 153 representantes y si gana la opción de convención o asamblea constituyente, solo tres son de la región”. Chandía indicó que existen situaciones que no quedaron claras en este acuerdo. “Hay situaciones que quedaron al debe, por ejemplo, hay un trabajo de 9 meses de estas convenciones que se puede prorrogar por 12 meses, y una vez que se envía el texto, viene un plebiscito ratificatorio, y ¿qué ocurre si ese plebiscito dice no?, se puede extender mucho más. Acá se necesita representación de todas las personas, es un primer paso, pero para nada rápido. Acá el tema de este llamado candado que es la aprobación del texto, que exige una mayoría de dos tercios, que de 102 personas deban aprobar de los 153, y si solo aprueban 101, no hay texto aprobado y todo vuelta a empezar”, dijo. Para Chandía también es fundamental el avanzar con temas judiciales civiles. “Es la oportunidad para sacar adelante la justicia civil que está durmiendo hace casi una década. Las personas que asisten a estos tribunales civiles tienen detenidas sus causas por más de dos, tres años. En su momento se logró acelerar el tema penal, y ahora se debe dar un primer paso en la justicia civil, otro paso en la protección a la infancia, renovación a la justicia penal, oportunidad que de aquí para adelante podemos cambiar”. Por su parte, Mario Elgueta, abogado y académico de derecho de la UMAG, indicó que “la gente está vigilante de toda la clase política, y tenemos una ciudadanía empoderada con esta revolución social que tiene a la política trabajando para la gente. Este es un paso inédito, y esta Constitución que recibió más de doscientas reformas y es importante el llamado de participar en abril próximo, y que estemos vigilantes de lo que se está haciendo, creo que la clase política entendió que la gente tiene el poder de exigir. Es una oportunidad también para pensar la distribución del poder en el territorio, si seguiremos con un Estado unitario, o pensar en un régimen federado, pero con una perspectiva seria, que proteja el derecho de todas las personas”. Elgueta agregó que “esta es la oportunidad única de que se puede demostrar que en democracia que se puede crear en algo que todos podamos ponernos de acuerdo que v a dirigir los destinos de Chile en los próximos 50 años”. También manifestó que “es importante lo que se dice en distintos foros, de que la gente no conoce la Constitución porqué va a querer cambiarla, argumento bien profundo e injusto, porque el Estado chileno, me refiero a todos los gobiernos, que fueron coautores de extraer de la enseñanza media la educación cívica. Hemos ido creando generaciones que no conocen los derechos, muchos químicos no vamos a ser, pero ciudadanos vamos a ser toda la vida, por lo tanto, los derechos fundamentales que se deben consagrar el derecho cívico. En la medida que la gente conozca la norma fundamental la gente tiene más poder e informada y será un ciudadano más responsable”.