La Caja de Previsión de la Defensa Nacional condenó ayer el mal uso de los fondos y está a la espera de los resultados para tomar medidas internas correspondientes.

“Los hechos detectados, por medio de una auditoría de la Contraloría Regional de Magallanes, están siendo objeto de investigación mediante un sumario llevado a cabo por este organismo de control. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional está a la espera de los resultados para tomar las medidas internas correspondientes. Informar a su vez, que con el fin de colaborar con dicho informe, la Institución ha puesto a disposición de este órgano superior de fiscalización toda la información requerida, recalcando que no se aceptarán faltas a los principios de probidad y transparencia, además de reforzar todos los mecanismos de control interno”.

Contraloría

La Contraloría Regional de la República había denunciado una serie de acciones irregulares por parte del personal de Capredena Punta Arenas, durante el año 2018.

En el documento de la entidad fiscalizadora, se explica que en Capredena Punta Arenas hubo un amplio uso irregular de fondos en el período fiscalizado desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y por lo mismo, se ordenó un sumario, el cual está en procedimiento desde el 15 de octubre de 2019.

Son varias las irregularidades halladas por el ente contralor. Existen pagos a taxis que arrojan diferencias de hasta un 400%, en comparación con los valores que cobran las líneas de radiotaxi por los recorridos realizados. Se explica que la situación es ocasionada por la vulnerabilidad que presenta el uso de vales de taxi que pueden ser completados de forma manual, en lugar del documento emitido por el taxímetro.

La agente regional también es mencionada en tres ocasiones. En la primera se indica que solicitó fondos para la contratación a honorarios de una persona, la cual resultó ser la abuela de sus hijos. El proceso fue convenido, pagado y aprobado por la propia agente regional, para trabajos realizados en la vivienda fiscal de la cual hace uso. Por lo demás, no existe documentación que permita evidenciar la ejecución efectiva de las labores.

También se le acusa de haber contratado la empresa de su hermano para trabajos por los cuales no existe documentación que evidencie su ejecución.

A lo anterior, se agrega una irregularidad al momento de registrar su asistencia laboral, ya que a pesar de haber un reloj biométrico en la oficina, la agente regional y quien la subroga, utilizan un libro de registros, sin fundamentar el por qué de su uso. La utilización de este elemento, considerando que hay un mecanismo más propicio, no se apega al criterio contenido en dictamen N° 43.716, de 2016, de la Contraloría General de la República.