Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a Guillermo Berríos Tolosa, un exfuncionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que trató de internar 99 pastillas de éxtasis a Magallanes. La droga provenía de la Región de La Araucanía a través de una encomienda.

La investigación en su contra comenzó el 4 de febrero. En Villarrica, unos trabajadores de Correos Chile inspeccionaron un paquete con destino a Punta Arenas que les parecía sospechoso.

En su interior había toallas higiénicas que ocultaban casi 100 pastillas con la leyenda “Peppa Pig” de distintos colores. Se comunicaron con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Villarrica, quienes sometieron los comprimidos a una prueba de campo y comprobaron que se trataba de éxtasis.

El destinatario de la droga figuraba como “Guillermo Tolosa Berríos”. El único nombre que figuraba en el Registro Civil correspondía a un hombre fallecido, pero los funcionarios invirtieron los apellidos y llegaron a la identidad del imputado, cuyo domicilio –en la Base Aérea de Chabunco– coincidía con la ciudad de destino.

Para asegurar el descubrimiento en flagrancia, la Fiscalía Local de Villarrica autorizó el uso de dos agentes encubiertos de la Brigada Antinarcóticos, quienes hicieron un seguimiento del paquete.

En la tarde del 10 de febrero los agentes vieron la llegada del imputado a la oficina de Correos Chile ubicada en calle Bories. Vestía jeans cortos, polera negra y su rostro quedaba oculto por su mascarilla y unos lentes de sol. Cuando retiró la encomienda y se subió a un vehículo, los funcionarios lo arrestaron e incautaron la droga.

Condenado

El acusado ha cumplido con arresto domiciliario total desde el día siguiente de su detención. Ayer se conectó por vía telemática al Juzgado de Garantía de Punta Arenas y se sometió a un juicio abreviado. Tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el tribunal lo condenó.

El castigo que cumplirá el sujeto se conocerá el próximo martes, cuando esté redactada la sentencia. Aunque el Ministerio Público solicita una pena de tres años de cárcel y una multa de 40 UTM (casi 2 millones de pesos), podría cumplir su pena en libertad; la Fiscalía le reconoce las atenuantes de no tener antecedentes penales y de colaborar con la justicia.