Juan Soto Mancilla fue sometido durante la jornada del martes a una nueva audiencia de formalización de cargos, luego de que ya habría sido formalizado por un delito de estafas, sumándose dos casos más, con cifras millonarias.

El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, le comunicó al imputado que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos “ocurridos los últimos días de enero del 2018, donde una víctima recibió una propuesta de inversión por parte de su contador, correspondiente al imputado, quien solicitó dinero para la compra de insumos médicos que generaría ingresos del 20 al 30% de la inversión, por lo que realizó ingreso de diversos montos, sumando 50 millones de pesos. Sin embargo, el imputado no cumplió con lo establecido, no restituyendo el dinero y posteriormente realizó unos papeles notariales donde se comprometía ante la notaría para cancelar el dinero, lo que tampoco cumplió, siendo todo un engaño, perjudicándose en la suma de 50 millones de pesos. Hecho dos, el imputado en marzo toma contacto con la persona de R.E.P.P., a quien invitó a participar en un negocio de inversión que consistía en la compra de insumos médico, asegurándole una restitución de un monto de 27%.

Dada la cercanía con la víctima, el imputado, quien era contador, movió a la víctima a invertir la suma de 27 millones de pesos, ya que manifestaba haberse adjudicado licitaciones. Todo resultó en un engaño, no recibiendo la víctima la prometida ganancia. El imputado llegó a suscribir un reconocimiento de deuda notarial, con fecha 27 de septiembre del año 2020, manera con que evitaba a sufrir denuncias en su contra”, señaló el fiscal.

Agregó que “son dos delitos de estafa los que se configuran en perjuicio de las víctimas, donde se le atribuye en calidad de autor y ambos delitos estarían en calidad de consumados”.

El fiscal Dobson solicitó que las causas se agrupen a una causa anterior, por estafas, en el mismo Juzgado de Garantía de Punta Arenas, por hechos que provienen del año 2020, solicitando una prórroga del plazo de 120 días.

Posteriormente, el abogado querellante, Ramón Ibáñez, solicitó que al imputado se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva, entregando sus argumentos de lo requerido, señalando que el imputado ya mantiene varias denuncias anteriores, por sumas superiores a los 180 millones de pesos, y se suman a ello los 71 millones, manifestando que se trata de hechos reiterados.

Por su parte, Guillermo Ibacache, abogado defensor del imputado, se opuso a la solicitud de la parte querellante, señalando que son causas civiles, además de entregar varios argumentos.

El fiscal Fernando Dobson señaló que la solicitud de la parte querellante cuenta con sustento, debido a que actualmente el imputado se encuentra con arresto domiciliario total, señalando que existe una agrupación de hechos, que son considerados como reiterados en el proceso judicial.

Pese a la solicitud de la parte querellante, quien en las otras causas debió ir a la Corte de Apelaciones para buscar el arresto domiciliario total, el Tribunal de Garantía decidió mantener la misma cautelar, extendiéndose el plazo a 60 días para el cierre de la investigación.

Cabe señalar que el total de los dineros que adquirió el imputado mediante estafas asciende a 346.828.000 millones de pesos.