Cuatro trabajadoras de la Universidad de Magallanes (UMAG) denuncian acoso y hostilidad laboral, además de una negligente respuesta por parte de la institución. Se trata de Pía Tapia Pérez, trabajadora social de la Unidad de Servicios Asistenciales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), Jimena Zúñiga Vega, asistente social también de la DAE, Sandra Guerrero Battaglia, gestora estudiantil a cargo de la Unidad de Gestión Estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y Evelyn Cárcamo Miranda, asistente social con 27 años de antigüedad que ocupaba el cargo de coordinadora de la Unidad de Servicios Asistenciales, quien actualmente tiene una destinación al Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, CADI.

El origen del caso ocurre cuando el 2 de diciembre de 2022, tres funcionarias dependientes de la DAE ingresaron una denuncia por acoso laboral a la Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de acoso, violencia y discriminación, la cual tres días después acusó recibo de ésta. El 14 de diciembre de 2022 la comisión sugirió tres medidas en específico, mediante a acta entregada al rector de la UMAG José Maripani. En esa misma fecha se incorporó una cuarta funcionaria a la denuncia por hostilidad laboral efectuada ante la Mutual de Seguridad, institución sanitaria que falló en primera instancia a favor de una de las denunciantes, dictaminando su traslado y reubicación a otra dependencia de la universidad.

Invisibilización

Sin embargo, luego del receso de verano y a tres meses de la primera denuncia, las otras tres funcionarias involucradas siguen sin obtener una respuesta satisfactoria a sus casos, habiéndose reintegrado a sus labores el 27 de febrero al igual que el resto de trabajadores, sin que exista un cambio en su situación. Esto motivó un pronunciamiento de parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, FEUM, quien expresó su absoluta solidaridad con las trabajadoras afectadas, además de señalar que se encuentran “en alerta” a la espera del desenvolvimiento de los hechos. “Empatizamos y respaldamos la decisión de cada una de las funcionarias involucradas que han visto afectados ciertos derechos laborales, su integridad psíquica y dignidad en general”, reza el comunicado emitido por la agrupación estudiantil, que además recalca que “una de las funcionarias denunciantes corresponde a la gestora estudiantil, quien trabaja directamente con nosotros y forma parte del equipo de la federación en general”.

Una de las funcionarias involucradas, Sandra Guerrero Battaglia, manifestó una absoluta falta de apoyo de parte de la universidad, e incluso, señaló que su caso ha sido utilizado para amedrentar e inhibir eventuales futuras denuncias. “La denuncia es por acoso, maltrato, hostigamientos, ridiculización e invisibilización. El protocolo contra el acoso nunca se cumplió. A mí por ejemplo me quitaron todas las claves para acceder a sistemas informáticos y hacer mi trabajo. Esto fue un llamado de atención para que nadie nunca más se atreva a hablar”, dijo.

Respuesta

La Universidad de Magallanes entregó una respuesta pública a nivel institucional a través de un comunicado firmado por su rector José Maripani: “La institución cuenta con un Protocolo para Prevenir y Enfrentar Situaciones de Acoso y Maltrato Laboral, en el que se definen las acciones, estructuras y plazos que deben desarrollarse para dar apoyo, acompañamiento y recomendaciones frente a dichos casos”, y que “inmediatamente recepcionada la denuncia de los hechos mencionados, a comienzos de diciembre, se activó dicho protocolo y con ello el Comité Evaluador de denuncias, el que sugiere a la autoridad llevar a cabo un procedimiento disciplinario para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y sancionar si así correspondiera”.

Sin embargo, Sandra Guerrero rebate dicha declaración: “Maripani saca una declaración pública diciendo que para esto hay protocolos, etcétera. Bueno, con eso una vez más nos vuelven a rematar, es un no querer asumir que como institución la embarraron. Nosotros no hemos tenido ni debido proceso, ni presunción de inocencia, porque a nosotras desde un comienzo salieron a definirnos como ‘lacras’” sentenció.