Nuestras autoridades deben seguir defendiendo la subvención al gas que tenemos en la Región de Magallanes, porque es fundamental. Este invierno ha sido el más duro en una década y desde la zona central del país miran hasta con cierto recelo que en nuestra región tengamos el privilegio de contar un precio menor al que pagan el 99% de los habitantes del país.

En enero próximo se cumplirán 13 años del conflicto del gas. Se entiende que por años el gran soporte del desarrollo y crecimiento de la zona más austral del país ha sido el gas. Un recurso que se vuelve primordial para todos quienes viven en condiciones climáticas desfavorables en comparación con el resto de Chile, y que se relaciona con prácticamente la gran mayoría de las actividades y funciones que se llevan a cabo en la zona más austral del país.

A más de una década del conflicto aún no se determinan políticas específicas para la exploración y producción del elemento en cuestión y siempre que baja la presión estamos ante la incertidumbre de si tendremos gas de aquí a cierta cantidad de años. No serán, seguramente, las empresas privadas las que solucionen la problemática planteada, sino más bien el Estado quien debe asumir un rol fundamental en el desarrollo de su territorio y gente.

La explotación del gas se enmarca en una decisión geopolítica y una visión a largo plazo. La inversión estatal es crucial para el desarrollo de Magallanes y de eso pocos dudan. A casi 13 años del conflicto gasífero, es el momento prudente para tomar determinaciones que se estimulen en el tiempo, y aseguren un futuro productivo a nivel local, porque el Gobierno y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) lo dicen, pero nadie se atreve a asegurarlo.