La sesión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la Región de Aysén que terminó en el rechazo de las solicitudes de dos Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) volvió a visibilizar la Ley 20249, conocida como Ley Lafkenche. Recordemos que esta ley tiene como objetivo proteger y reconocer el derecho de los pueblos originarios sobre el borde costero, entregándoles territorios para su administración, ya que estos espacios representan sitios ancestrales de actividades económicas y culturales. A través de esta ley el Estado reconoce el derecho colectivo al uso del mar a nuestros pueblos originarios por medio de usos y acciones tradicionales. 

La ley Lafkenche fue promulgada hace 16 años, y faculta a aquellas comunidades indígenas inscritas en el registro de CONADI a solicitar estos espacios costeros marinos, reconociendo su derecho consuetudinario, en razón de usos o conductas realizadas por los pueblos de manera habitual y siendo parte de su cultura. Una comunidad solicita la administración de un territorio determinado, siempre y cuando no tenga derechos constituidos por terceros, la CONADI determinar la veracidad y pertenencia de la solicitud, y por último la Subsecretaría de Pesca genera un informe que es votado por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. De esta forma, se han entregado hasta ahora a comunidades de pueblos originarios 184 mil hectáreas, en 19 Espacios Costeros y casi un centenar de solicitudes siguen en curso. Pese a ello, el proceso es excesivamente largo y dificultoso.

El rechazo de las ECMPO en Aysén debe llevarnos al análisis y reflexión sobre la voluntad de las instituciones del Estado para facilitar el ejercicio del derecho de los pueblos originarios en la maritorio. Informar, facilitar, acompañar, asesorar y colaborar deben ser parte de las acciones mínimas que los organismos públicos deberían ejecutar si la opción del Estado y el Gobierno de turno es permitir el ejercicio del derecho. Es impresentable que mandatarios de Gobierno voten en rechazo esgrimiendo como causa falta de información, ya que sólo refleja la falta de voluntad de quien ostenta la posibilidad de entregar los datos faltantes. 

La desinformación tiene también otra visión y tiene que ver con los alcances de la ley Lafkenche. La industria salmonera vio una amenaza en la aprobación de los ECMPO, ya que en ese espacio existen un número significativo de concesiones. Por otro lado, la gran cantidad de hectáreas involucradas en las solicitudes (más de las aprobadas hasta ahora) fue objeto de preocupación para el desarrollo fututo de la industria. Sin embargo, hay que señalar que los Ecmpo fueron diseñados para hacer compatibles varias actividades y respetar los derechos ya otorgados a seguir funcionando (concesiones marítimas o de acuicultura), incluyendo el libre tránsito marítimo. Por tanto, los ECMPO en nada intervienen en las actividades presentes, aunque condicionaban una posible expansión futura (pero que de todas formas en nada están garantizada y serán objetos de otra discusión, estrategia y aprobación).

El rechazo de los ECMPO «Cisnes» y «Las Huichas» representa una señal de alerta y preocupación para la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios. Es hora de expresar con claridad desde las instituciones del Estado nuestra vocación y voluntad por respetar los derechos de los pueblos originarios. Debemos mejorar el proceso de solicitud mejorando los tiempos de tramitación, facilitando la búsqueda de acuerdos entre los diversos actores involucrados en el desarrollo sostenible de los territorios, y haciendo efectivas las instancias de participación y colaboración.  

El Estado sigue en deuda con los derechos territoriales de los pueblos originarios, con su historia, su cultura y su subsistencia. Es momento de asumir que hay conflictos de intereses entre los derechos territoriales y el mundo político y económico, que impiden la búsqueda de soluciones armoniosa y su coexistencia. Es momento de avanzar hacia un desarrollo inclusivo, justo y con identidad.