Fue una reunión incómoda. Habían pasado cosas, al menos, inentedibles. Sergio Reyes Tapia, el titular de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales, podía haber sido objeto de miradas, sino susurros. ¿De dónde había sacado que en el campamento, o mejor dicho en la toma tras la población Raúl Silva Henríquez se iba a levantar un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), si a unos pocos metros estaba el Eleam Cristina Calderón?

Algunas miradas fueron a Danilo Mimica, seremi de Desarrollo Social; otras apuntaron a Marco Uribe, de Vivienda y Urbanismo. Ninguno tenía idea de nada. El piso que sostenía a Reyes en ese momento era algo que había escuchado en la Gobernación Regional. Pero sus explicaciones llegaban cuando el tablero ya había sido desordenado. Era muy tarde: había anunciado un desalojo del que después se retractó, con fiscalizaciones severamente cuestionadas al terreno que fueron luego refutadas por la Delegación Presidencial Regional.

La pregunta fue quizás sobre un error con racimo que golpeó a los pares de Reyes en el gabinete, en la Delegación, pero por sobre todo en las familias que allí viven y de las que, al parecer, él nunca supo.

La citación

Al que le habían avisado del desalojo había sido a un medio de comunicación local. Pero en cuanto supo el seremi (él, de profesión periodista, Ph. D. en Comunicaciones, exeditor general de Prensa de Radio Nuevo Mundo, de propiedad del Partido Comunista, su casa política), dijo: “Bueno, ¿si vienen, por qué no decirle a los otros medios?”.

Entonces se hizo la citación al punto de prensa. Se iba a dar cuenta del cierre perimetral del terreno fiscal, que era ocupado ilegalmente. Tres mil metros cuadrados del Estado, cuyo fin no estaba definido aún.

En rigor, lo que dijo el seremi fue: “Hemos iniciado el cierre perimetral del terreno fiscal (...), que va a concluir el día viernes, y este viernes va a ser el desalojo de los vecinos que están acá. Ya se ha conversado con ellos, se le ha señalado que el viernes habrá un desalojo, se le entregaron las recomendaciones de la Delegación Presidencial para optar a un subsidio (...), estamos en septiembre y estaban pidiendo hasta diciembre”.

La notificación

Pero había algo más: la notificación de los residentes de la ocupación ilegal había llegado a principios de 2024; el desalojo debía concretarse, como fecha tope, en mayo pasado. Se postergó para que el propio seremi Sergio Reyes hiciera una fiscalización y diera cuenta de que, en efecto, no había nadie viviendo allí. En otras palabras, él o su equipo debían ir al lugar, buscar que no hubiera moradores en cada una de las viviendas (o de haberlos, que estuvieran prontos a salir de allí) y entonces comenzar el desalojo.

Otra vez le preguntaron desde la Delegación a Reyes si había alguien viviendo allí. Él aseguró que nadie, o al menos uno, y que el resto de las edificaciones precarias (estaban allí, se veían, eran evidentes e innegables) eran fachadas. Que estaban desocupadas.

Cuando fue el equipo de la Delegación a comprobar si efectivamente el escenario era como lo había descrito Reyes, de una chimenea salía humo. Después se supo que eran entre tres a cuatro familias, con niños incluidos, los que todavía seguían en el lugar.

En otra nota de prensa, Reyes aseguró que los que vivían eran en su mayoría venezolanos. Fue una advertencia también para el Servicio de Migraciones, que llegaron a la Delegación a preguntar si era tal la información. Pero no, su nacionalidad, la de la mayoría de los que habitaban todavía el lugar, era colombiana.

Fuentes precisan que no es la primera vez que el comunista toma decisiones con una coordinación, al menos, desprolija. Pero su continuidad estaría influida por dos factores: primero, porque el PC no tendría un nombre para sucederlo (su antecesora, Gloria Aravena, era arquitecta de profesión, no militante, pero cercana al partido, y es un cupo que les corresponde a ellos); pero más importante aún, por su cercanía con Juan Andrés Lagos, exasesor de Interior y uno de los nombres históricos al interior de la colectividad, y con las cúpulas del PC que participan activamente de la Radio Nuevo Mundo.

Gobierno

El delegado presidencial regional, José Ruiz, explicó el trabajo que hasta ahora han hecho con la toma detrás de la Silva Henríquez. Al respecto, señaló que “como Gobierno, hemos estado trabajando en ese sector en una mesa con la junta de vecinos. Ha participado la Seremía de Bienes Nacionales, Salud, Obras Públicas, porque entre otras cosas está cerca la toma donde probablemente vamos a tomar algunas medidas. Y dentro de ese marco de la mesa es que uno de los compromisos que se generaron acerca de la situación de la toma que se encuentra en el terreno, y lo que ocurrió la semana pasada, fue la notificación de Bienes Nacionales y da cuenta que el desalojo en algún momento va a ir”.

Sobre el desalojo mismo, precisó que “por el carácter que tiene, no se anunciará con fecha y hora públicamente. Sí va a ocurrir, una vez que estén todos los servicios públicos, municipalidad incluida, coordinadas para realizar tal acción”.

Seremi de Gobierno

En el aspecto más político, el seremi de la Secretaría General de Gobierno, Andro Mimica, apuntó a que “como Gobierno, apoyamos la recuperación de los espacios públicos y avanzamos en forma coordinada en cada uno de los sectores. Lo han visto con los anuncios de los distintos parques que estamos realizando y donde hay muchos servicios y varias seremías involucradas. Eso se hace de forma coordinada”.

“Que podamos recuperar lugares que estaban tomados, que son de Bienes Nacionales, de todas las chilenas y chilenos, y se pongan a disposición para fines de infraestructura pública o de necesidades que tengamos las y los magallánicos, es de total justicia. En ese sentido, apoyamos la decisión de recuperar los espacios que están en toma”, precisó luego.

Respecto del comportamiento mismo de su par de Bienes Nacionales, fue enfático: “Esos espacios en toma, para poder recuperarlos, siempre tiene que hacerse con mayor coordinación y con total pulcritud, cosa que, lamentablemente en esta última pasada ha faltado por parte de la autoridad o ministerio competente, que es Bienes Nacionales”.