El 2 de diciembre pasado de 2023, la denunciante cumplía dos años trabajando en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas de Magallanes. Dicha condición le permitía una renovación prácticamente automática de contrato en el servicio público (al menos hasta antes del polémico dictamen que emanó de Contraloría, a cargo de Dorothy Pérez, que lo amplió a cinco). Al día siguiente de ese aniversario, fue a Contraloría y al sistema interno de la cartera, el MALS, para denunciar los hechos: aseguraba estar siendo víctima de maltrato y acoso laboral por parte del exseremi de Transportes, Gustavo Faraldo. 

El sistema MALS activa al interior de Obras Públicas un proceso en el que se designa a un fiscal interno, quien lleva las indagatorias del caso. Faraldo, a propósito de la denuncia misma, fue suspendido de su cargo de jefe de la Unidad Administrativa de la seremía. Pero mucho antes, incluso podría decirse que casi inmediatamente ingresada la denuncia, el actual titular de la partición regional, José Luís Hernández, instruyó separar a la víctima (encargada de Personal del MOP) de la otrora autoridad. Luego, demostrando experiencia, ordenó llevar con el mayor de los cuidados el sumario administrativo consecuente a la presentación de los hechos. 

Desde el equipo de comunicaciones de la Seremi confirmaron la noticia: “En febrero de 2024 se instruyó sumario administrativo, en el que se resolvió, entre otras medidas, la suspensión preventiva de quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Administrativa de la Seremía. El referido sumario ya fue resuelto por la jefa superior del Servicio, y se encuentra en la etapa de notificación y eventuales recursos, y del examen de legalidad ante la Contraloría Regional, no estando aún completamente afinado”.

Practicante

La denunciante llegó a hacer su práctica profesional a Obras Públicas. Es más, la entrevista para el puesto fue con el propio Faraldo. En esa conversación, después en los meses de práctica y finalmente cuando fue ingresada como personal a contrata, percibió un respeto importante hacia su superior jerárquico: había sido dos veces seremi de Transportes, y en Gobierno de diferente color político (Bachelet y Piñera). A cuestas tenía 42 años de trabajo en el aparato estatal. 

Las mismas fuentes aseguran que el acoso laboral y maltrato de la misma índole ocurrieron contra la víctima desde el minuto uno, durante el primer trimestre de 2022. O “dos años completos, porque fue hasta febrero de 2024, cuando lo suspendieron, que él siguió”, contó otro consultado. En la personalidad de la víctima había también características que podrían haber potenciado las situaciones abusivas: por ejemplo, que ella fuera muy callada y muy tímida, que lleva consigo el diagnóstico del trastorno del espectro autista. “Era la víctima perfecta para él”, añadió otro funcionario.

Intimidación

El fiscal de Obras Públicas que llevó el caso fue Benjamín Sagredo, del que también las observaciones fueron positivas. Por ejemplo, a fin de evitar la revictimización de la denunciante, instruyó que dedicara un día completo a la declaración, colación de por medio. Por otro lado, Faraldo llegó con dos o tres abogados, quizás uno de ellos Eric Rodríguez, quien no contestó los llamados de El Pingüino.

Con todo, la misma indagatoria contra el exseremi develó otros hechos que derivaron en otra investigación sumaria por faltas a la probidad, responsabilidad administrativa y mal uso de recursos públicos, lo que fue confirmado por fuentes de la cartera. 

Socios de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Magallanes identifican una sensación de contradicción: “Da lata, porque es un funcionario de carrera, súper antiguo. Podría haber sido una sanción. El haberlo cambiado de lugar de trabajo o que se jubile, pero destitución.... No sé. Allí entra que ambas situciones son complejas, porque la denunciante es socia ANEF. En su momento, estaba afectada; más que un maltrato laboral, era un tema cultural del colega; era un funcionario antiguo, que siempre ha trabajo con puros hombres, ha capacitado gente, ha ‘dado la vida’ por Obras Públicas”.

Confirmaron desde la propia agrupación que solicitarán una reconsideración de la sanción. 

Faraldo tiene unos días para apelar su suspensión. No obstante ello, de no hacerlo estaría impedido de trabajar en el Estado por cinco años. La suspensión, además, lleva la firma de Jessica López, la ministra de Obras Públicas.