La promulgación de la Ley 21.471, que establece medidas de inclusión para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), representó un avance significativo hacia la equidad y la inclusión social. Sin embargo, la implementación efectiva de esta ley se ve gravemente obstaculizada por la falta de recursos, tanto financieros como humanos, lo que limita su impacto real en la vida de las personas con TEA y sus familias.

El artículo 1 de la ley señala que su objetivo es asegurar el acceso a una educación inclusiva, atención en salud, y otros servicios esenciales para las personas con TEA. Sin embargo, la realidad es que muchas familias siguen enfrentando largos períodos de espera para acceder a terapias, diagnósticos y apoyos especializados. La falta de personal capacitado en el sistema educativo y de salud agrava aún más esta situación, dejando a las personas con TEA en una posición de vulnerabilidad constante.

En el ámbito educativo, aunque se han realizado esfuerzos por incluir a los niños con TEA en escuelas regulares, la falta de recursos materiales y humanos hace que la integración sea difícil. Muchos establecimientos carecen de profesionales especializados como psicopedagogos, terapeutas ocupacionales o fonoaudiólogos, lo que impide una atención adecuada a estos estudiantes. A menudo, se ven obligados a ingresar en aulas sin las adecuadas condiciones de apoyo, lo que afecta su desarrollo académico y emocional.

En el ámbito de la salud, la escasez de especialistas en TEA y la falta de cobertura para intervenciones tempranas también siguen siendo barreras significativas. Las familias enfrentan tiempos de espera de varios meses o incluso años para acceder a un diagnóstico formal o tratamientos adecuados, lo que puede retrasar la intervención temprana, clave para mejorar los resultados en los niños con TEA.

El desafío es claro: para que la Ley TEA sea efectiva, el Estado debe asegurar recursos suficientes, tanto financieros como humanos, para que los servicios e intervenciones sean oportunos y adecuados. La falta de presupuesto y la escasez de profesionales capacitados no solo ponen en riesgo el bienestar de las personas con TEA, sino que también afectan el principio fundamental de igualdad de oportunidades. Es urgente que se asuma la implementación integral de esta ley como una prioridad, garantizando los recursos necesarios para que todas las personas con TEA puedan acceder a los beneficios que la ley prometió.