Personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó ayer durante la tarde a las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales, ubicadas en pleno centro de Santiago, para recabar documentación en el marco de la investigación por la fallida compra del inmueble que perteneció al exPresidente Salvador Allende.

A las 15:00 horas, el fiscal Ricardo Soto, a cargo del caso, se presentó junto a efectivos policiales en las dependencias ministeriales, situadas en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 720. Según trascendió, los investigadores solicitaron acceso a documentos vinculados al proceso de adquisición de la vivienda ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia, con el fin de avanzar en las diligencias relacionadas con este controvertido caso.

Además de la revisión documental, el fiscal sostuvo conversaciones con funcionarios del ministerio para recabar más antecedentes sobre los procedimientos internos que rodearon esta operación.

“Se trata de una diligencia a la que el ministerio accedió de manera inmediata y voluntaria. Las y los funcionarios, encabezados por el ministro, han facilitado el acceso a la información requerida”, explicó el fiscal Ricardo Soto.

El caso ha generado amplias críticas, ya que se suscribió un contrato para la venta del inmueble al Fisco por un monto de $933 millones. La transacción, que involucró a la senadora Isabel Allende y a la exministra de Defensa Maya Fernández como herederas del expresidente, buscaba transformar la casa en un museo. Sin embargo, la Constitución prohíbe a parlamentarios y ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado, lo que detonó el escándalo.

Ante la polémica, el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien fue reemplazada por Francisco Figueroa el pasado 6 de enero.

Próximos pasos

La investigación busca determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en este proceso. El Ministerio Público continúa reuniendo pruebas para esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de esta compra y si se vulneraron normas constitucionales.

El caso ha generado amplio interés público, mientras se esperan avances que permitan arrojar claridad sobre las responsabilidades de los involucrados.