El reciente robo con intimidación en la tienda The North Face, ubicada en pleno centro de Punta Arenas, ha vuelto a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad en la ciudad. Este hecho, ocurrido en la tarde del lunes 9 de junio, no es un caso aislado: el mismo local ya había sido víctima de otro atraco apenas unos días antes.

Este patrón de delitos no sólo afecta a los comerciantes, quienes ven vulnerados sus negocios y sufren pérdidas económicas, sino también a los ciudadanos, quienes sienten cómo los espacios públicos que antes consideraban seguros se ven amenazados por la delincuencia. La pregunta es inevitable: ¿qué está fallando en el sistema de seguridad de la ciudad?

Las autoridades han anunciado un refuerzo en la presencia policial y la implementación de nuevas estrategias para frenar la criminalidad, pero la comunidad sigue sintiendo que las soluciones son reactivas en lugar de preventivas. No basta con incrementar patrullajes después de un hecho delictivo; se necesita un plan a largo plazo que permita disminuir la incidencia de estos crímenes y recuperar la confianza en la seguridad pública.

Además, surge otro debate: ¿Cómo abordar la reincidencia de los delincuentes? En muchos casos, quienes cometen estos delitos ya cuentan con antecedentes, lo que pone en entredicho la efectividad del sistema judicial en la región. ¿Es suficiente la legislación actual para frenar la criminalidad o se requieren cambios profundos en la manera en que se sancionan estos delitos?

La seguridad es un derecho, no un privilegio. La comunidad de Punta Arenas debe exigir respuestas concretas y acciones efectivas. Es hora de que las autoridades, los comerciantes y la sociedad en su conjunto trabajen para recuperar la tranquilidad que, poco a poco, parece desvanecerse en nuestra ciudad.