La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, el reciente proyecto de ley conocido como Ley Mordaza 2.0 ha encendido las alarmas en diversos sectores, desde periodistas hasta organizaciones defensoras de los derechos civiles. La iniciativa, impulsada por senadores de distintos partidos, busca sancionar con penas de cárcel la divulgación de información proveniente de investigaciones penales reservadas.

Si bien sus promotores argumentan que la medida pretende proteger la privacidad de los involucrados en procesos judiciales, sus críticos advierten que el proyecto abre la puerta a la censura y al amedrentamiento de la prensa. La Federación de Medios de Comunicación Social ha manifestado su profunda preocupación, señalando que esta ley podría sentar un grave precedente para el ejercicio libre del periodismo en Chile.

La historia reciente ha demostrado que muchos casos de corrupción y abuso de poder han salido a la luz gracias a investigaciones periodísticas. Criminalizar la labor de los periodistas no sólo representa un retroceso democrático, sino que también debilita el derecho ciudadano a estar informado. La prensa cumple un rol fiscalizador esencial, y limitar su capacidad de informar sobre hechos de interés público es un atentado contra la transparencia.

El Gobierno ha intentado calmar las aguas asegurando que no promoverá iniciativas que atenten contra la libertad de expresión. Sin embargo, la ambigüedad del proyecto y la falta de distinción entre quienes filtran información y quienes la difunden han generado incertidumbre. ¿Hasta qué punto se puede restringir la información sin afectar el derecho a la verdad?

En una democracia sólida, el periodismo debe ser protegido, no perseguido. La Ley Mordaza 2.0 plantea un dilema crucial: ¿Queremos un país donde la prensa pueda investigar sin miedo, o uno donde el silencio sea impuesto por ley? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la libertad de expresión en Chile.