Este lunes, en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, la exdirectora técnica del Eleam Cristina Calderón, Geannella Alejandra Iturra, y su empleador Fide XII, junto al Obispado y el Senama, suscribieron un acuerdo judicial que pone fin a la demanda laboral presentada por Iturra por falta de pago de sueldos, cotizaciones de seguridad social y aportes a Fonasa.

La demanda de Iturra se originó tras sufrir el “autodespido” posterior a una licencia médica, período en el que no recibió remuneraciones entre septiembre y diciembre del año pasado, ni se efectuaron imposiciones ni aportes al sistema de salud.

“Posterior a una licencia médica, ellos me dejan sin puesto laboral y desde septiembre del año pasado no se me pagó sueldo, no se pagaron las imposiciones y, además, otros pagos como Fonasa y cosas así”, explicó la demandante.

A su vez, el abogado laboralista Luis Díaz anotó que tras cuatro audiencias con testigos se acreditó la “situación crítica de gestión financiera bastante grave” de Fide XII, responsable de adeudar cotizaciones y remuneraciones.

Díaz detalló que su cliente “demandó en sede laboral, se autodespidió y cobró las condiciones provisionales e indemnidad del despido”, y que este caso forma parte de “uno de los tantos que hay rondando acá en Punta Arenas”.

Según lo acordado, Fide XII pagará 8,5 millones de pesos en cuatro cuotas, con el primer abono fijado para el 15 de agosto. El convenio incluye, además, el saldo de créditos en la caja de compensación, y establece la responsabilidad subsidiaria del Obispado en caso de que Fide XII incumpla los plazos pactados: “Si no lo hace efectivo Fide XII, en este caso el Obispado sería responsable”, advirtió Díaz.

La firma del acuerdo suscitó satisfacción en ambas partes. Iturra señaló que el convenio “está de acuerdo en parte con las pretensiones” de su demanda, mientras Díaz afirmó que “estamos satisfechos en ese sentido”.

Este acuerdo se produce en medio de un diagnóstico más amplio de la crisis financiera de Fide XII, que, según trabajadores y fuentes judiciales, mantiene múltiples deudas por remuneraciones, imposiciones, AFP, salud y créditos en la caja de compensación.

La efectividad del pago pactado será objeto de seguimiento por parte de la Inspección del Trabajo y Senama.