El reciente anuncio del cierre definitivo de la empresa Forestal Russfin, instalada desde 1991 en la Provincia de Tierra del Fuego y acogida a la Ley Navarino, ha provocado una fuerte reacción en el mundo empresarial y productivo de la Región de Magallanes, generando alarma sobre el futuro de las políticas de desarrollo en zonas extremas del país.

La firma, ubicada en las cercanías de Timaukel, fue durante décadas una de las empresas más relevantes del territorio fueguino, con una trayectoria impecable y más de 100 empleos directos, desempeñando un rol estratégico en el abastecimiento de madera elaborada para la industria de la construcción nacional. Su cierre representa no sólo una pérdida laboral importante, sino también una señal crítica respecto de la viabilidad económica en zonas remotas.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes (CChC), Cristóbal Bascuñán, expresó su inquietud señalando que “el cierre de Russfin es lamentable, no sólo porque se pierden puestos de trabajo valiosos para la provincia, sino también porque se pierde un proveedor esencial de madera para la construcción. Es una pésima señal. Esto demuestra la necesidad urgente de revisar los instrumentos de inversión en zonas extremas. Desde la CChC venimos hace tiempo proponiendo mejoras a estos mecanismos, que deben ser modernizados y estar acorde a los tiempos actuales”.

Por su parte, el dirigente de la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC) Magallanes, Mario Elgueta, hizo un llamado a la reflexión: “Para la CPC Magallanes es una noticia lamentable. Russfin es una empresa de las más antiguas acogidas a la normativa de excepción y geopolíticamente muy importante para Tierra del Fuego. Esta decisión refleja una realidad que no se puede ignorar: instalarse y operar en zonas tan extremas implica costos enormes, y sin instrumentos eficaces y actualizados, la permanencia de empresas como esta se vuelve inviable”.

Elgueta subrayó que, según lo informado por la propia empresa, se está ejecutando un plan ordenado de cierre, lo que ha encendido las alarmas entre proveedores y trabajadores de toda la cadena productiva regional.

“Esto no sólo afecta a las familias que viven de esta empresa, sino también al ecosistema económico fueguino. No es gratis estar en una zona tan apartada, y por eso urge mejorar las leyes de excepción. Chile debe evaluar seriamente el impacto que genera la falta de condiciones adecuadas para que las empresas se instalen y se mantengan en estos territorios. Este cierre es una señal preocupante que no podemos dejar pasar”.

Ambos dirigentes coincidieron en que este caso debe ser un punto de inflexión para que las autoridades y el país reconsideren y fortalezcan las herramientas de desarrollo territorial, de modo que las zonas extremas no continúen perdiendo inversión, talento y oportunidades.