La justicia magallánica decretó ayer la medida cautelar de prisión preventiva para Benjamín Díaz Foretich, el individuo que fue extraditado desde Bolivia tras fugarse de Punta Arenas luego de protagonizar un fatal atropello. La víctima del trágico suceso fue identificada como Juana Mancilla Ovando.

La formalización de cargos se llevó a cabo a las 9:00 horas. La Fiscalía expuso una contundente batería de pruebas en contra del imputado, argumentando la gravedad de los hechos y la existencia de peligro de fuga, solicitud que fue acogida por el juez. Se fijó un plazo de dos meses para la investigación.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó evidencias cruciales que desmintieron la versión inicial entregada por la defensa y la familia de Díaz Foretich.

Un video que capta el fuerte impacto que recibió la víctima resultó ser una prueba clave para dimensionar la magnitud del atropello. Además, la Fiscalía logró refutar la declaración de la madre del imputado, quien había asegurado inicialmente haberse deshecho del vehículo involucrado al venderlo a fines del año 2024.

Esta versión fue categóricamente desmentida. La policía encontró documentación dentro del móvil, incluyendo un finiquito y liquidaciones de sueldos recientes, todos ellos a nombre de Benjamín Díaz Foretich, lo que lo vincula directamente al vehículo y al sitio del suceso.

El trabajo de Carabineros y la Sección de Investigaciones Policiales fue crucial en la detención y posterior formalización. El personal de la SIP logró reunir diversos registros de cámaras de seguridad, lo que permitió realizar un detallado seguimiento de los movimientos del individuo inmediatamente después de ocurrido el fatal accidente.

El informe de la SIP, con el análisis de los videos, consolidó la evidencia presentada por el Ministerio Público.

Tras revisar todos los antecedentes, el juez decretó la prisión preventiva de Díaz Foretich por los dos meses que durará el cierre de la investigación. Este periodo le permitirá a la Fiscalía robustecer aún más el caso de cara al futuro juicio oral.

Al término de la audiencia, el fiscal Fernando Dobson indicó que “fue formalizado por los delitos de conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte y, además, darse a la fuga. El primero de estos delitos tiene una pena que va de los tres años y un día a los diez años, y el segundo, de tres a cinco años”, destacando el trabajo policial, indicando que “gracias al trabajo policial realizado por personal de Carabineros se pudo establecer que el imputado habría cruzado por el norte del país a través de un paso no habilitado para dirigirse a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ya teníamos la información de que estaba allí antes de que la autoridad boliviana informara sobre su detención. Hay que destacar la labor preliminar de la SIP para identificar al conductor del vehículo, y luego al personal del OS-9, que permitió establecer el lugar por donde había huido el imputado. Luego, contamos con la colaboración del gobierno boliviano. Aquí quiero aclarar que su traslado a Chile no se realizó por una extradición, sino por una alerta roja que emitió la Fiscalía”.

Uno de los temas que preocupa a la ciudadanía es sobre las personas que lo ayudaron a escapar, indicando que “esta investigación, en sí, se lleva a cabo por el accidente y por los hechos. Otros delitos accesorios podrían ameritar abrir una investigación, pero no tenemos mayores antecedentes que nos permitan hacerlo”.