La millonaria inversión de 101 mil millones de pesos destinada a la incorporación de 100 buses eléctricos en la Región de Magallanes enfrenta un duro cuestionamiento desde el sector gremial del transporte.

Carlos Estrada, dirigente de los transportistas locales, calificó el proyecto como un “despilfarro horrible”, argumentando una serie de falencias que, a su juicio, ponen en duda tanto su impacto ambiental como su viabilidad operativa.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la sustentabilidad del sistema, señalando que los buses serán cargados con electricidad generada principalmente a partir de gas. “La huella de carbono será superior a la de un bus normal”, sostuvo Estrada, descartando que se trate de una solución realmente ecológica.

En cuanto a la gestión del modelo, el dirigente criticó que sea el Estado quien compre los buses para que posteriormente sean utilizados por un operador privado. Según explicó, la falta de propiedad directa sobre la flota podría derivar en un menor cuidado y mantención de los vehículos.

Otro punto sensible es la transparencia del proceso. Estrada acusó que la licitación del servicio actual se desarrolló “entre cuatro paredes” y cuestionó que el nuevo proyecto de buses eléctricos represente una inversión desproporcionada y fuera de contexto para la realidad regional.

Finalmente, manifestó dudas técnicas respecto al desempeño de los vehículos en el clima extremo de Magallanes, señalando que no existirían pruebas certificadas que respalden su funcionamiento adecuado en condiciones de frío intenso.

Mientras el anuncio oficial destaca la modernización del transporte público, desde el gremio advierten que el Estado estaría destinando una cuantiosa inversión a un sistema cuya operación no ha sido suficientemente probada para las condiciones climáticas de la región y que, según sostienen, podría incluso generar un mayor impacto ambiental.