En un intento por destrabar la discusión presupuestaria y acallar las acusaciones de "amarre" de funcionarios, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que el Gobierno endurecerá los requisitos para que los trabajadores a contrata puedan reclamar ante la Contraloría General de la República en caso de ser desvinculados.

La propuesta original permitía este derecho a quienes llevaban 2 años en sus funciones, lo que encendió las alarmas de la oposición al considerar que protegía a quienes ingresaron durante el actual mandato. Con el cambio a 5 años, el Ejecutivo busca demostrar que la norma no tiene fines políticos. "Ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración", sentenció Grau en Radio Duna.

Los ejes del cambio normativo

El ministro defendió la esencia del proyecto, asegurando que busca dar estabilidad a los funcionarios de carrera y separar claramente a los cargos de confianza:

• De Instructivo a Ley: El Gobierno pretende que el actual criterio de despido (vigente desde el primer gobierno de Sebastián Piñera) sea ley, permitiendo que el reclamo se resuelva en Contraloría y no necesariamente en tribunales de justicia.

• Cargos Políticos: Grau enfatizó que, por primera vez, se establecerá por ley que el personal de confianza debe abandonar sus funciones el 11 de marzo junto con el cambio de mando.

• Confianza Legítima: La modificación a los 5 años busca alinearse con la jurisprudencia actual para facilitar el consenso en el Congreso.

Reacciones: Desconfianza en la derecha y temor en Magallanes

A pesar del anuncio, el clima en el Congreso sigue siendo hostil para la propuesta del Ejecutivo.

Frank Sauerbaum (RN): El diputado e integrante de la Comisión de Hacienda fue tajante al señalar que no votarán a favor. "No es necesario incorporar esta norma porque ya existe una jurisprudencia clara de la Contraloría y la Corte Suprema sobre los cinco años", afirmó.

Desde la región, el diputado Carlos Bianchi (Ind-PPD) criticó duramente la decisión del ministro, advirtiendo que se desprotege a miles de trabajadores:

"Con este anuncio quedan en la más absoluta desprotección las funcionarias y los funcionarios que llevan 1, 2, 3 o 4 años. ¿Qué pasa con quienes ganaron un concurso público? Hoy quedan en el total desamparo", objetó Bianchi, sugiriendo que el Gobierno podría haber pactado este cambio con la administración entrante.