La capital regional fue testigo de una ruidosa y colorida movilización este lunes. Bajo consignas de dignidad y estabilidad, los empleados fiscales de Magallanes realizaron un "banderazo" coordinado para enviar un mensaje directo a los parlamentarios que este martes definirán el futuro de la Ley de Reajuste del Sector Público.
La movilización, liderada por la ANEF Magallanes, se replicó a nivel nacional, pero en la zona austral cobró especial relevancia debido al alto costo de la vida. Los gremios decidieron no suscribir el acuerdo con el Gobierno, calificándolo de insuficiente para la realidad económica de los trabajadores del Estado.
La principal crítica de los dirigentes radica en la estructura del incremento salarial propuesto por el Ejecutivo, que se divide en dos tramos:
2% en diciembre.
1,4% adicional en junio.
¿Cuál es el problema? Según detalló Evelyn Córdova, presidenta regional de la ANEF, la sumatoria de un 3,4% solo iguala el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado. "En la práctica, esto anula cualquier mejora salarial real; solo estamos manteniendo el poder adquisitivo frente a la inflación", señalaron desde el gremio. Pese a esto, instan a que la ley se apruebe para no perjudicar a los escalafones con sueldos más bajos que dependen de este piso mínimo.
Más allá del dinero, el "banderazo" puso el foco en la estabilidad laboral. Los funcionarios exigieron que se respete el criterio de "confianza legítima", especialmente para quienes han ingresado a la administración pública mediante concursos transparentes.
"Los funcionarios públicos entran a un servicio a trabajar. Quienes ocupan cargos por concurso merecen seguir sirviendo al Estado, independientemente de los cambios de gobierno", sentenció Córdova, marcando una clara línea divisoria con los cargos de confianza política que rotan con cada administración.
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