En una jornada de sentimientos encontrados, el Consejo Regional de Magallanes aprobó este lunes el financiamiento para tres importantes proyectos habitacionales en la capital regional. Sin embargo, lo que debió ser una noticia puramente positiva para cientos de familias, terminó exponiendo la fragilidad económica del actual convenio de vivienda y las dudas sobre el uso de recursos públicos para valorizar terrenos privados.

Los Proyectos: 373 familias ven la luz

Tras años de gestiones y espera, dos proyectos emblemáticos lograron asegurar sus recursos para iniciar la construcción:

• Lomas del Bosque 7 y Brisas del Estrecho 3: Se aprobaron los fondos necesarios para beneficiar a 147 familias. Estos grupos habían manifestado su preocupación por las constantes alzas en los costos de construcción que mantenían las obras en vilo.

La polémica de "Valle de los Sauces"

El punto de mayor tensión se vivió con la aprobación de Valle de los Sauces, un loteo de 226 casas adosadas. A pesar de que las comisiones técnicas recomendaron rechazar el proyecto, el pleno del CORE decidió darle luz verde.

¿Cuál es el conflicto? El financiamiento regional incluye una calle avaluada en 70 mil UF (más de $2.500 millones). Los críticos denuncian que esta vía atravesará terrenos baldíos pertenecientes a una constructora privada, lo que generará una plusvalía inmediata y millonaria para la empresa, financiada íntegramente con el bolsillo de todos los magallánicos. El argumento a favor fue la necesidad urgente de las familias de contar con su vivienda definitiva.

Alerta Roja: El déficit de $50.000 millones

Más allá de los loteos individuales, la preocupación principal del CORE es la sostenibilidad del sistema. Se reveló que el convenio entre el GORE y el MINVU presenta un sobregasto acumulado de $50 mil millones.

Consecuencia directa: Si no se inyectan nuevos recursos desde el nivel central o no se reestructura el presupuesto, la región podría quedar imposibilitada de financiar nuevos loteos habitacionales hasta el año 2029. Esta situación pone en riesgo a miles de socios de comités de vivienda que aún están en etapa de ahorro y organización.