La Iglesia de Magallanes salió al paso de la grave denuncia por delitos sexuales que involucra a un exmonitor de los Centros de Vacaciones Solidarios (CEVAS). A través de una declaración pública, el obispo Óscar Blanco buscó dar tranquilidad a la comunidad, detallando que la institución activó sus protocolos de "tolerancia cero" apenas se conocieron los hechos el año pasado.
Ante los cuestionamientos de la familia sobre la gestión del caso, la Diócesis entregó fechas concretas sobre las medidas adoptadas para colaborar con la justicia y proteger a la menor afectada:
23 de mayo de 2025: Se interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Magallanes, antes incluso de que el caso tomara ribetes públicos.
27 de mayo de 2025: Se decretó la expulsión y prohibición absoluta del denunciado para participar en cualquier instancia de la Iglesia que involucre a menores de edad.
Acompañamiento: El obispo Blanco recibió personalmente a la madre de la víctima y, en diciembre pasado, se gestionó y concretó apoyo psicológico especializado para la adolescente.
La crisis ha obligado a la Iglesia local a extremar sus procesos de formación. Según la declaración, la Diócesis se rige estrictamente por las "Líneas Guía" de la Conferencia Episcopal de Chile, un protocolo que busca estandarizar la respuesta ante abusos y prevenir su ocurrencia.
Como parte de este compromiso, al cierre del 2025 se realizó un taller masivo con más de 100 animadores de CEVAS, reforzando las capacitaciones en "Buenas Prácticas para Ambientes Sanos y Seguros". Actualmente, cerca de 200 monitores operan en Punta Arenas y Porvenir bajo estas nuevas directrices de vigilancia y responsabilidad.
El obispo Blanco no ocultó el impacto emocional que este caso ha tenido en la comunidad pastoral: "Sé que los hechos recientes han generado dolor e inquietud, pero el servicio de los monitores que actúan con generosidad es valioso. Toda denuncia es acogida con seriedad y responsabilidad".
Finalmente, la Diócesis recordó que mantiene abiertos sus canales formales para la recepción de denuncias, instando a cualquier persona afectada a utilizar las instancias vigentes bajo la ley civil y canónica para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden en la impunidad.