Un grupo de cuatro ex profesionales de la Fundación FIDE XII ha decidido romper el silencio tras dos años de promesas incumplidas, deudas laborales que superan los 50 millones de pesos y lo que califican como un trato “humillante y despectivo” por parte de la actual directiva de la institución  - a la que prestaron servicios profesionales- dependiente del Obispado de Magallanes.

Los afectados desempeñaron funciones en programas de la red SernamEG, como el Centro de la Mujer de Punta Arenas y el Programa de Prevención de Violencia de Género, hasta que en diciembre de 2023 la Fundación dejó de ejecutarlos, desvinculando a cerca de 18 personas.

Sin embargo, a la fecha, quienes denuncian esta situación afirman que la fundación ha dilatado los pagos, adeudanfo montos que oscilan entre los 9 y los 23 millones de pesos por concepto de años de servicio e indemnizaciones legales.
“Nos han pedido esperar mes tras mes. Primero nos dijeron que en agosto, luego que en diciembre, y ahora nos ofrecen repartirnos montos irrisorios que no cubren ni una fracción de lo adeudado”, expresaron los afectados mediante un comunicado público.

En la última reunión de negociación, indican los denunciantes que, la actual directora de la fundación, Pamela Díaz, habría  expresado frases calificadas como denigrantes: “¿Para qué vamos a seguir con esto si finalmente solo se llevarán un par de sillas y unas mesas?”, en alusión a la falta de activos para embargar. A su vez, los denunciantes mencionan la nula respuesta de los directores Mario Maturana, Francisco Cárdenas y Fredy Subiabre.

“Resulta doloroso que una institución que dice trabajar con los más vulnerables vulnere de esta forma a sus propios trabajadores. Entregamos años de servicio para ayudar a mujeres víctimas de violencia, y hoy somos nosotros quienes estamos en total desprotección” manifiestan los denunciantes, quienes hoy cuentan con la representación legal del abogado Ricardo Haro Rodríguez.

Este conflicto laboral se suma a la reciente polémica que envuelve a fundación por la presunta apropiación indebida de más de $156.000.000, además de múltiples juicios por tutela laboral y despidos injustificados que enfrenta la entidad.

Los ex trabajadores exigen que el Obispado, entidad que funciona como dependiente de la entidad y el directorio de la misma realicen un “acto de bondad y justicia” y procedan al pago inmediato de lo que por ley les corresponde, tras años de entrega profesional a la comunidad magallánica.